Conundrum legislativo

Nuestro sistema político pareció haber llegado a un punto ciego durante esta semana. Después de ocho meses de discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el proyecto de modernización tributaria presentado por el gobierno no encuentra acuerdo en la oposición para aprobar siquiera la idea de legislar. En la reforma tributaria presentada por Bachelet el 2014, la misma comisión demoró tres semanas en aprobar la idea de legislar y tres meses para convertirlo en ley.

El Ministro de Hacienda se ha reunido muchas veces con diputados de esa comisión. También con los equipos técnicos designados por los diputados para buscar un acuerdo en la idea de legislar, sobre la base de concesiones que el gobierno haga a la oposición, de modo que el proyecto refleje sus puntos de vista en materias como recaudación y progresividad.

La buena fe del equipo del Ministerio de Hacienda ha sido manifiesta: los objetivos de su proyecto eran aumentar la inversión y el crecimiento y en la negociación ha sacrificado parte de ellos para satisfacer peticiones de la oposición. El Ministro ha respondido con minutas, de hasta 150 páginas, observaciones y dudas que se le han formulado. Ha presentado ya en dos ocasiones, modificaciones sustanciales al proyecto para recoger planteamientos de la oposición. De hecho, en su última propuesta recaudará con creces más impuestos que antes. En materia de progresividad se han ofrecido tratamientos especiales adicionales a las PYME.

Nada de esto ha sido suficiente, la oposición ha rechazado una y otra vez las respuestas gubernamentales. En un acto francamente descortés, puso un plazo de 48 horas al Ministro para que presente una nueva propuesta. Luego, accedió a postergar para la próxima semana la votación en general del proyecto.

¿Cuál es el límite? ¿Acaso el gobierno cederá ante todas las exigencias de la oposición?

Hasta aquí pareciera que sí. Y eso es lo que está percibiendo la oposición, que pretende poner al gobierno de rodillas, ya sea propinándole una derrota en el Congreso o bien obligándolo a hacer una reforma que no quiere. La primera de estas opciones es preferible para el gobierno, pues continúa fiel a su ideario y pone en evidencia a quienes se niegan a discutir los proyectos en el Congreso.

El gobierno siempre dijo que pretendía que lo sucediera uno del mismo signo. Pero eso sólo se logra si es que es capaz de construir una mayoría social sobre la base de convicciones. La encuesta CADEM de cada semana no predice en absoluto si es que se logrará en tres años más ese objetivo, de modo que La Moneda debe dejar de reaccionar a ella para tomar sus decisiones. Lo que la población apreciará de verdad es un gobierno que abandonó el camino del socialismo que ofrecía Bachelet para buscar los tiempos mejores para Chile que puede lograr con Piñera.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-