Varias instituciones se han visto cuestionadas últimamente en nuestro país; parlamentarios, empresarios, el Ejército y Carabineros, la Iglesia Católica y autoridades de otras iglesias, lo que introduce desconfianza en la ciudadanía, que exige respuestas y sanciones.

Pero lo más grave es lo que ha pasado con la Justicia. Los indicios de corrupción y prevaricación en Rancagua, jueces acusados de recibir dinero a cambio de favorecer en sus fallos a alguna de las partes, es una cuestión que una democracia no puede permitirse. Ello porque son las instituciones y personas que tienen responsabilidad de impartir justicia las que, con mayor razón, deben estar libres de toda mácula. Son llamados a investigar y sancionar a quienes transgreden la ley y no pueden estar bajo sospecha ellos mismos de actuar ilegalmente e incurrir en conductas corruptas y contrarias a la probidad.

La Justicia debe aclarar, a la brevedad, las acusaciones contra los Ministros de la Corte de Rancagua. En ese afán, en la fase investigativa y acusatoria tiene un rol relevante el Ministerio Público, institución que, siendo independiente del Poder Judicial, es también parte del sistema de administración de justicia. Esto último es importante pues ello les exige tener en cuenta una serie de cuestiones que, en este caso y en otros, a veces los Fiscales parecen olvidar.

El Fiscal Sergio Moya acaba de acusar a través de la prensa a su superior, el Fiscal Regional Emiliano Arias, de una serie de actuaciones irregulares que podrían constituir delitos. Algunas están relacionadas precisamente con la causa que se sigue a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Siendo el Ministerio Público y sus fiscales parte del sistema de administración de justicia, deben tomar en cuenta que en la etapa investigativa de sus casos ellos están sujetos al principio de objetividad, vale decir deben ponderar adecuadamente tanto los antecedentes que ayudan a sustentar una acusación, como aquellos que la desvirtuarían. En otras palabras, no son una mera parte en la causa, sino que tienen obligaciones y prohibiciones. No pueden ocultar una prueba que exculpa al investigado ni tampoco filtrar a la prensa antecedentes que lo inculparían. Ambas conductas de un Fiscal en ese sentido serían constitutivas de delito.

En la mayoría de las causas de alta connotación pública, los Fiscales no han respetado estas normas y se han dejado llevar por el afán de convertirse en figuras públicas. El Fiscal Nacional ha sido un espectador de estas conductas sin actuar como el jefe de servicio que es y eso no puede continuar. Ordenar la casa en el Ministerio Público es fundamental para aclarar las graves acusaciones que pesan sobre jueces y fiscales. La formalización del Ministro Elgueta es un buen comienzo, pero hay muchas cosas que revisar en la Justicia chilena.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-