Acordar o imponer

En la discusión respecto de si el Congreso debía o no analizar y discutir la reforma tributaria, me ha saltado a la memoria el recuerdo de Edgardo Boeninger, a quien este país mucho debe por su capacidad infinita para dialogar, para buscar los acuerdos necesarios para restaurar y vivir en democracia, y por su fructífera habilidad para desarrollar mecanismos para resolver agudos y complejos problemas en forma pacífica. Poco antes de morir él había emprendido una nueva búsqueda de entendimientos transversales, convocando a conversar sobre el futuro de Chile. Su tarea quedó inconclusa, pero obviamente, no así los problemas serios que como país enfrentamos. Más bien estos se han agravado. Él tenía el convencimiento de que, en los años de la Concertación, Chile había logrado estabilidad económica y política, crecimiento sostenido, disminución de la pobreza y mayor justicia.

Diagnosticaba que las tareas pendientes planteaban desafíos más gravosos que ese primer salto al desarrollo, y que estos requerían de nuevos y grandes acuerdos para evitar la trampa de los ingresos medios y mantener niveles de crecimiento económico que permitieran disminuir la pobreza y la vulnerabilidad que todavía acechan. Efectivamente, Chile experimentó profundos cambios políticos, económicos y sociales como resultado de esta amalgama virtuosa de democracia representativa y economía de mercado, sobre la base de un consenso amplio compartido. Ello significó un mejoramiento de las condiciones materiales de vida de los chilenos, sin precedentes en su velocidad y profundidad, y, como resultado de ello, los indicadores sociales absolutos y relativos durante estos años fueron excepcionales.

En los últimos años se produjo un cambio radical en el clima de opinión, que vino a romper los consensos arduamente alcanzados. Así, se instaló la equivocada y peligrosa percepción de que el crecimiento económico estaba garantizado y que no tenía vinculación alguna con las políticas públicas que lo habían hecho posible. La Nueva Mayoría fue la expresión política de este cambio en la opinión. Desde entonces, el Partido Comunista ha tenido una influencia decisiva en esta sustitución de los acuerdos por la imposición, a priori y a raja tabla, de las mayorías. Con ello, en ocasiones se priva al Congreso de su función más propia, que es la deliberación, el análisis de las propuestas en sus méritos y la búsqueda de una síntesis entre las distintas visiones que conviven en un país plural.

Para el PC esta posición rupturista es coherente con su objetivo principal declarado, que no es otro que el 'desmantelamiento de una economía de mercado capitalista', para lo cual era preciso terminar con los acuerdos y consensos de la Concertación. Su estrategia explícita fue la creación de una convergencia con el centro para formar la Nueva Mayoría, 'pero con una izquierda fuerte que le dé el sentido antineoliberal a los contenidos', para 'cambiar las estructuras' y para que ello 'culmine en una nueva Constitución'. Al mismo tiempo, ya en 2011, en su XXIV Congreso, llamaba al aumento de la movilización y de la lucha social , 'dinamizando y propiciando conflictos y rupturas sociales, estudiantiles y territoriales', para 'generar conflictos que agudicen las contradicciones; y crear una relación entre medio ambiente, derechos de pueblos indígenas y derechos de trabajadores en una relación directa'.

Ominosamente confirmaba que 'la profundización de lo militar como elemento componente de la política, es una contribución histórico-estratégica al desarrollo de la línea revolucionaria de los comunistas'. Así, la decisión de la Democracia Cristiana de, al menos, aceptar 'la idea' de legislar, que no es más que permitir su discusión, es consistente con su historia. Y la reacción del PC en su contra, lo es con la suya.

Columna de Lucía Santa Cruz, Consejera de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-