Justicia y mérito escolar

El actual sistema de admisión escolar que introdujo la reforma impulsada por el gobierno anterior establece que, ante las mismas preferencias, el criterio para la selección es el azar, es decir, que dos alumnos que postulan a un mismo establecimiento tienen igual probabilidad de ser admitidos en él, independiente de las diferencias que exhiban en su desempeño y trayectoria escolar previa. En ese contexto, la Ministra de Educación anunció el envío de un proyecto de ley que, entre otras cosas, pretende introducir el mérito como un criterio adicional para la admisión. Según se desprende de sus palabras, el cambio no tendría que ver con el mecanismo -el algoritmo- mediante el cual se selecciona a los alumnos en los colegios con exceso de demanda (es decir, más postulaciones que vacantes), sino que apunta a los criterios de prioridad a partir de los cuales éste opera, particularmente en los liceos de excelencia académica.

En lo que dice relación con la eficiencia, el principal argumento para oponerse al mérito como criterio de admisión, es que éste podría llevar a una segmentación de alumnos y perjudicar los aprendizajes. La tesis detrás de ello es que la heterogeneidad en la sala de clases permitiría que los alumnos menos aventajados aprendan de los más capaces, lo que se debería al denominado “efecto par”. No obstante, lo cierto es que no hay evidencia que permita concluir sobre la existencia de este efecto, ni que éste actúe de la forma señalada. Al contrario, hay antecedentes que indican justamente lo opuesto: que grupos de estudiantes más homogéneos favorecen el aprendizaje de todos los alumnos, posiblemente porque los cursos más uniformes permiten al profesor organizar mejor su clase y adaptarse a las necesidades de cada alumno, lo que beneficia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bajo esa lógica, más allá del enriquecimiento social indiscutible que esto implica, lo cierto es que no hay antecedentes para esperar que el criterio “azar” vaya a ser más efectivo en el logro de mejores aprendizajes.

Lo anterior significa que la decisión de incorporar o no el mérito pasa fundamentalmente por la concepción que se tenga de lo que es más justo. Y aquí podemos encontrar dos posturas principales. Por un lado, están los partidarios del azar, que generalmente se sostienen en el hecho de que el desempeño académico de un alumno no sólo se explica por su virtud personal, sino también por el apoyo y oportunidades que le ha brindado su familia y su entorno, lo que sería ilegítimo. De esta forma, para no favorecer injustamente a quienes tienen buen desempeño académico debido a su herencia y no necesariamente a su mérito propio, y no contribuir a reproducir las desigualdades familiares, entonces sería válido renunciar a premiar a quienes sí tienen mérito personal.

En el otro lado, en tanto, estamos quienes consideramos que el mérito y los valores que lo anteceden (como la responsabilidad, el esfuerzo y la perseverancia) deben ser reconocidos y promovidos, aun cuando no sea posible distinguir con precisión qué parte se explica por causas personales y qué parte por su familia y entorno. Consideramos que un sistema de admisión justo debiera poder distinguir y dar algún grado mayor de prioridad en la elección a quienes demuestran un mayor mérito, incentivando así valores fundamentales en nuestra sociedad. Ello permite que un joven que durante su enseñanza básica se esforzó por sobresalir, renunciando a otras cosas por tener buenas notas e incluso tal vez por aprender más de lo esperado, sea recompensado con una probabilidad mayor de ser admitido en el establecimiento de su preferencia. Bajo esta idea de justicia, cabe preguntarse si dicha prioridad debiera poder ser ejercida en cualquier establecimiento que éste escoja, o bien limitarla a los proyectos educativos que se condigan con ese mérito sobresaliente (como los liceos de excelencia). Adicionalmente, esta posibilidad no excluye la incorporación de otros criterios que favorezcan a quienes provienen de cierta situación socioeconómica, como de hecho el sistema ya contempla en la actualidad.

Pues bien, independiente de cuál sea la idea de justicia, la propuesta del gobierno de anteponer el mérito por sobre el azar constituye un reconocimiento de que las preferencias son mucho más complejas de lo que el sistema de admisión actual contempla, que éstas pueden manifestarse no sólo en el listado a la hora de postular, sino también a través de acciones concretas, y que los proyectos educativos diversos requieren de una comunidad escolar afín que los impulse. Con todo, la mayor dificultad respecto a esta iniciativa estará en determinar los límites a la hora de definir y verificar el mérito, de manera que éste no se traduzca en discriminaciones arbitrarias -o incluso en sospechas de ello- que terminen perjudicando el objetivo de inclusión y justicia que seguramente orientarán este debate.

Columna de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-