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Admisión Justa

El Libero

La yihad de la Nueva Mayoría en materia educacional contenía, entre otras cosas, una bula contra la selección escolar. Así como el lucro fue proscrito obligando a complejas transacciones inmobiliarias a los propietarios de colegio y la gratuidad fue elevada a los cielos, sin reparar en los problemas de calidad que está ocasionando hoy, la “inclusión” fue la palabra mágica que evitaría que los colegios seleccionaran a los alumnos, perpetuando así, según el gobierno de entonces, la desigualdad entre los alumnos de distintos colegios.

La ley de inclusión, conforme a este plan, hizo imposible en la práctica que los padres aportaran a mejorar la educación de sus hijos en colegios particulares, eliminando el financiamiento compartido (seiscientos millones de dólares al año que los padres estaban dispuestos a dedicar a la educación de sus hijos fueron despreciados) y unificó los criterios de admisión a un colegio, imponiendo el azar como principal criterio para determinar qué niño debía ser admitido en un establecimiento que tenía más postulantes que vacantes. Así, lo que en principio se llamó “la tómbola” y que según los defensores de la ley era un nombre peyorativo, fue reemplazado luego por “el algoritmo” que iba a determinar en qué colegio podía estudiar un niño.

Un argumento que se esgrimió para limitar las posibilidades de selección de alumnos y la elección de los padres, excluyendo el mérito y los exámenes de admisión como criterios, fue que si los niños convivían con otros de distinta capacidad el “efecto pares” haría que los niños menos adelantados se beneficiaran del aporte de sus compañeros. Dificultades metodológicas han hecho que haya sido imposible demostrar la existencia de dicho “efecto pares” o al menos que sus beneficios superarían a los costos introducidos por esa política. Otra línea de pensamiento e investigación, sostiene lo contrario: cursos más homogéneos facilitan la labor del profesor logrando que tanto los alumnos más aventajados como los menos adelantados mejoren su rendimiento, porque el profesor puede organizar mejor su clase.

Sin evidencia concluyente acerca de cual sistema nos lleva a una mayor eficiencia educativa que redundará en calidad, la discusión pasa a ser más acerca de qué método de selección nos parece más justo. ¿En particular, es más justo que todos quienes hayan elegido estudiar en un determinado establecimiento como primera opción tengan la misma probabilidad de ser admitidos, para lo cual habría que elegir un sistema basado en el azar para dirimir? ¿O, valorando el mérito, podría darse cabida a un criterio como mejor rendimiento en la educación básica o a una prueba de admisión?

Quienes son partidarios del azar descalifican el argumento del mérito, pues creen que éste no proviene de ciertos valores que lo anteceden, como la responsabilidad, el esfuerzo y la perseverancia; sino mayormente de las oportunidades que les ha dado su entorno familiar.

Para el gobierno de Sebastián Piñera esta última postura, que primó en la ley de inclusión, representa un problema. Si bien se pueden entender los argumentos que relativizan el mérito y le dan más peso al capital social, resulta difícil aceptar que el azar se erija como criterio casi excluyente para determinar el colegio en que ha de estudiar un niño, desechando la posibilidad de que, al menos algunos colegios, utilicen el mérito como criterio. Esto, porque en el programa de gobierno de Piñera, la creación de más liceos de excelencia es una política importante. Para alumnos que no pertenecen a la elite del país que estudia en colegios particulares pagados, es deseable tener una alternativa de educación gratuita que les permita, reconociendo sus méritos académicos, aspirar a estudiar en un liceo de excelencia, que necesariamente tendría que tener un método de selección que no tenga como único criterio el azar.

El proyecto Admisión Justa no pretende un cambio total de paradigma y mantiene un algoritmo en que interviene el azar, pero añadiría un quinto criterio de prioridad que se sumaría a los que ya existen y son: a) postulantes con hermanos en el mismo colegio, b) completar un 15% de la matrícula con alumnos vulnerables, c) hijos de funcionarios y d) ex alumnos que no hayan sido expulsados. El quinto criterio permitiría que hasta un 30% de los cupos fueran asignados en relación directa al proyecto educativo del colegio, con elementos objetivos y transparentes.

Adicionalmente, establecería una excepción para los liceos de excelencia, definidos por la Agencia de Calidad, que podrían seleccionar a sus alumnos mediante pruebas, notas o ranking. En cualquier caso, estos liceos debieran mantener una cuota de 30% de alumnos vulnerables. Por último, el proyecto reglamentaría las entrevistas del colegio con apoderados de manera que éstas puedan realizarse para fines informativos, pero no usarse para la selección.

En definitiva, si bien es razonable que la ley establezca ciertos criterios básicos que eviten algunos problemas como la excesiva segmentación, no es necesario que modele exactamente y en todos sus detalles el sistema de admisión en un mundo real en que las ofertas educativas son diversas y las preferencias de los padres para educar a sus hijos también lo son. El proyecto Admisión Justa, manteniendo el azar como elemento fundamental, ha establecido una excepción para Liceos de Excelencia que acogen a un número reducido de alumnos de alto mérito y ha agregado el proyecto educativo del colegio como un quinto criterio para seleccionar a una fracción de los postulantes. Nada parecido a una segregación feroz u otras expresiones que usan quienes en lugar de reconocer la complejidad del tema educacional se han convertido en esclavos de la consigna.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-

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