Conflicto en los puertos

Al entregar esta columna los trabajadores votaban un preacuerdo que había sido logrado con la intervención del gobierno para normalizar la situación del puerto de Valparaíso, que se ha visto asolado desde hace más de un mes por movilizaciones de trabajadores contra la sociedad TPS, concesionaria del puerto de esa ciudad. Se trata de los llamados trabajadores eventuales, que no son empleados de TPS, pero que en épocas de alta actividad se benefician de contratos temporales a cambio de efectuar labores en el puerto. El origen de las movilizaciones es una disminución de la carga que ha llevado a estos trabajadores a reclamar compensaciones en la forma de bonos y otros beneficios.

Los trabajadores han utilizado herramientas ilegales para su movilización, ejerciendo algunos de ellos actos de violencia y alterando el orden público. Incluso amenazaron con boicotear las tradicionales festividades de Año Nuevo, lo que preocupó especialmente a los comerciantes de esa ciudad.

Aparentemente se trataría de uno más de muchos conflictos laborales por diferencias en las remuneraciones y otros beneficios. Pero no es así. Hay aquí otras cuestiones de más importancia que están involucradas.

Lo primero es el orden público. No es aceptable que trabajadores o cualquier ciudadano utilicen la violencia afectando a terceros para lograr sus objetivos económicos. Paralizar el puerto, impedir el acceso de trabajadores que sí quieren trabajar, alterar el orden en la ciudad con barricadas, son todos comportamientos delictuales y deben ser reprimidos por la autoridad del Poder Ejecutivo, las fuerzas policiales y el ministerio público. Si las autoridades fallan en eso se convierten en cómplices de la violencia y renuncian a su rol esencial en la sociedad. Por eso si bien el gobierno ha hecho esfuerzos por lograr un acuerdo, también ha garantizado que los trabajadores que no estaban en conflicto pudieran ejercer sus labores. Capítulo aparte merece la actuación del Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que ha alentado el paro tomando partido por los instigadores de los desórdenes entre ellos su correligionario, el dirigente sindical Pablo Klimpel, afectando con ello gravemente a la ciudad que lo eligió como autoridad edilicia. Si eso no es un notable abandono de sus funciones no sé qué lo es.

La segunda cuestión que es importante considerar es que los trabajadores en conflicto no son empleados de la empresa TPS. Por eso las gestiones que autoridades del Ministerio del Trabajo han realizado para mediar son buenos oficios, pero no obligan a las partes lo que las hace más difíciles. Es importante tener esto en cuenta. Siempre son buenas las instancias de conciliación, pero es importante clarificar la naturaleza de éstas.

El gobierno también ha tratado de mediar a través del Ministerio de Transportes. La Ministra del ramo, Gloria Hutt, tiene alta consideración entre la ciudadanía entre otras cosas por su diligente manejo del Transantiago, donde ha roto la inercia de ese desastroso proyecto para plantear nuevas bases que lleven al reemplazo del sistema de transporte público de la capital. La Ministra Hutt ha puesto así su capital político al servicio del gobierno y el país para intentar solucionar un conflicto que afecta a los sectores exportadores, a importadores, al turismo y a muchas actividades que benefician a nuestro país. Un propósito encomiable, pero que, como todos, está inscrito también en un contexto de estado de derecho.

La insinuación de que el gobierno pudiera revisar la concesión de la empresa TPS a raíz de este conflicto excede ese marco. Chile se ha beneficiado, especialmente desde principios de la década de los ochenta cuando se rompió el monopolio que los sindicatos portuarios ejercían sobre la actividad, de una mayor eficiencia en los puertos que ha sido un factor clave para el desarrollo del comercio exterior. Antes del actual marco normativo, con el sistema de la “nombrada” los sindicatos eran dueños de los puestos de trabajo y asignaban los cupos a “medios pollos” y “cuartos pollos” y traspasaban a sus herederos las licencias de trabajador portuario. Era un sistema ilegítimo de extracción de rentas monopólicas en que los beneficiados lucraban a costa de toda la comunidad que debía soportar caros e ineficientes servicios portuarios. La Ministra Gloria Hutt ha usado su talento y capacidad para resolver un problema importante en el corto plazo, las dificultades de funcionamiento de los puertos; pero ello no debe hacerse a costa de sacrificar el cambio estructural que significó el fin del monopolio sindical en los puertos y que tanto ha beneficiado al desarrollo del país. Esto ha de tenerse en alta consideración en la mesa de conversaciones que se instalará acerca de las condiciones laborales de los trabajadores eventuales.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, publicada en El Líbero.-