En Chile: Pensiones. En Brasil: Nuevo Presidente

El domingo pasado el Presidente Piñera en cadena nacional, expuso los principios de la reforma que propondrá el Ejecutivo al sistema de pensiones. A diferencia del gobierno anterior, que ingresó su proyecto al Congreso al final de su período, el Presidente lo hará en el primer año de su mandato. Como a la actual administración le quedan aún muchos meses de gestión, la probabilidad que esta reforma finalmente se apruebe es alta. Es verdad que enfrentará una oposición frontal, como ha sucedido con otros proyectos, pero los cambios propuestos significarán alzas inmediatas de pensiones para un gran número de personas. Esto es un incentivo poderoso para que algo positivo finalmente emerja del proceso legislativo.

No es casualidad que la mayoría de los sistemas de pensiones en el mundo no satisfagan a la ciudadanía, impliquen una pesada carga fiscal y un freno al progreso. Con ello refuerzan y acentúan, a través del tiempo, el sentimiento de frustración. Lograr un mayor bienestar más allá de la etapa laboral, no es posible sin la cooperación de los ciudadanos a lo largo de sus vidas. Las personas deben crear lazos de cercanía y pertenencia, generalmente con familiares, para sentir apoyo, no solo económico, cuando no puedan trabajar. Además, es indispensable que actúen previendo el futuro y ahorren para sus contingencias. Finalmente, deben facilitar que la sociedad se organice de modo de crear riqueza en abundancia. De este modo, si no son exitosos podrán recibir, a niveles adecuados, otro tipo de apoyos.

Desgraciadamente el debate político crea la ilusión que los esfuerzos señalados son innecesarios y que la mera voluntad de los gobernantes puede cambiar la realidad con la simple aprobación de una ley. Se llega así a sistemas discriminatorios, en que, en nombre de la solidaridad, los que legislan hoy hipotecan a las generaciones que vienen, estableciendo diferencias en favor de ciertos sectores. Y la deuda que deberán pagar no es sólo la hipoteca, sino el costo de un país menos pujante. La suma de los recursos involucrados atrae también a aquellos que buscan cualquier oportunidad para imponer su visión ideológica estatista. Su mejor logro es que la burocracia controle esta dimensión tan importante en la vida de las personas.

El sistema anterior que regía en Chile, antes del actual de capitalización individual, es un ejemplo extremo de lo antes señalado. Si recordamos, el sistema antiguo generaba pequeños grupos con pensiones de privilegio por su monto, reajuste o años de servicio requeridos. La gran mayoría, los obreros, debían cumplir previamente 65 años. Sus pensiones iniciales eran en base al promedio de varios años, en valor nominal, y no tenían reajuste por inflación asegurado, mucho menos su valor en UF. El sistema como un todo era un factor relevante del poco dinamismo de la inversión y del escaso crecimiento de la época. Harían bien los críticos de hoy en rememorarlo.

Las AFP han cumplido en buena forma su función básica, que es resguardar y hacer crecer los recursos de sus afiliados. Los trabajadores que han cotizado durante una parte importante de su vida activa han obtenido pensiones acordes a los montos sobre los que han aportado, especialmente si no se han jubilado prematuramente.

Los problemas principales del sistema se concentran en los que tienen lagunas en sus períodos de trabajo formal, o quienes se han incorporado solo en parte de su vida al mundo laboral. Esto ha sido de mayor ocurrencia en las mujeres y se ven más afectadas, lo que también se suma a su jubilación a una menor edad.

La natural insatisfacción frente a esta realidad se ha potenciado por acciones de grupos organizados y sectores políticos que desean decidir y disponer, a su discreción, lo que corresponde definir a los ciudadanos. Las propuestas más extremas buscan estatizar el sistema integralmente.

El gobierno sigue la tendencia de una mayor injerencia burocrática, pero con moderación. A su vez, plantea incentivos en la dirección adecuada, buscando privilegiar con recursos estatales a grupos vulnerables, pero definidos con amplitud, y tratando además de intencionar adecuadamente sus decisiones, por ejemplo, invitando a quienes están en condiciones de postergar su edad de jubilación a que lo hagan.

Es favorable también que estos apoyos adicionales a los grupos vulnerables se realicen en forma directa con recursos generales y no se generen “subcuentas” de manejo menos transparente. De todas formas, se está llegando a que, en nombre de la solidaridad, los futuros contribuyentes se hagan cargo de financiar un 1,4 % del PIB. Si bien esta cifra es moderada, debe hacerse lo posible para que la dinámica política no la transforme en un espiral creciente en el futuro.

La iniciativa contempla un aumento paulatino de la cotización obligatoria que llega a un 4,2% adicional. Es positivo que se plantee que siga en poder de los trabajadores y que éstos tengan opciones más variadas y nuevas para administrarla, lo que constituye una gran diferencia con lo planteado por el gobierno anterior. Pero, aun cuando se argumenta que es un esfuerzo del empleador, sabemos que es engañoso. Lo que realmente interesa es la diferencia entre lo que recibe el trabajador y el costo que importa para la empresa. Esta diferencia está creciendo peligrosamente en el país. Parte importante de las lagunas previsionales, y con ello de las bajas pensiones, puede corresponder a períodos en que se trabaje informalmente. Mientras mayor la diferencia, mayor el incentivo para que la informalidad se mantenga y aumente. Esto se agrava, además, si el trabajador percibe que finalmente el gobierno le compensará el efecto de ese comportamiento en la pensión. Sería preferible un proceso paulatino que permita acuerdos voluntarios entre empleadores y trabajadores, para cotizar adicionalmente, sea en forma permanente o transitoria y por montos variables o fijos. Las normas tributarias no debieran ser un impedimento para ello.

Dado el contexto político del país, la propuesta, a pesar de los riesgos antes indicados, es un balance adecuado. Está por verse que saldrá finalmente aprobado del proceso legislativo. En la medida que no altere en demasía dicho balance, una aceleración del crecimiento económico y del empleo moderarán los riesgos futuros de deterioro.

Prácticamente en el mismo momento que el Presidente Piñera presentaba su propuesta previsional, en Brasil se daba a conocer que Jair Bolsonaro sería su próximo Presidente. En la elección, logró una amplia mayoría a pesar de que fue presentado como un extremista en el mundo entero. Resulta curiosa esa forma de catalogarlo, cuando más allá de sus llamativas declaraciones, no existe un historial de acciones que lo conecte con ese calificativo. La situación económica de Brasil es compleja y en lo que se conoce de sus declaraciones espera hacer al país más competitivo y mejor integrado en el mundo. Por el contrario, el partido de su oponente, el PT, promovió el Foro de Sao Paulo, en estrecho vínculo con los gobiernos totalitarios de Cuba y Venezuela. El presidente Collor de Mello, de corta duración, inició en los 90´ un cambio en la economía que finalmente consolidó el presidente Cardoso. El país alcanzó un nuevo dinamismo del que se benefició el presidente Lula en sus primeros años. Pero la visión estatista del PT dispuesta a todo por mantener el poder, como hemos conocido recientemente, sumió al país en un nuevo letargo y en una profunda crisis económica.

Solo cabe desearle éxito al Presidente electo. El progreso de Chile depende en gran medida de lo que hagan sus ciudadanos, pero un entorno más benigno es siempre una ayuda. Si Brasil resurge, por su relevancia en el vecindario inmediato, a Chile se le facilita en algo la tarea.

Columna de Hernán Büchi, Consejero de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-