Aportando antecedentes al debate tributario

En estos días se han planteado algunas interrogantes sobre el proyecto de modernización tributaria presentado por el actual Gobierno.

Algunas de esas interrogantes dicen relación con las estimaciones de recaudación contenidas en el Informe Financiero (IF) del proyecto, en cuanto a la introducción de la boleta electrónica, que prevé una reducción de la evasión de 5 puntos, avalada por la información entregada por el mismo SII y razonable considerando la experiencia comparada. Al respecto, cabe señalar que en el período 2014-2017 se implementó paulatinamente la factura electrónica, la cual aportó mayor recaudación por US$1.700 millones anuales al reducir la evasión en 5 puntos hasta niveles cercanos al 20%. Sin embargo, este nivel es aún alto comparado con el promedio de países de la OCDE (10% aprox.). La experiencia internacional nos muestra que en países en que se han adoptado medidas del mismo tenor, la evasión se redujo en forma importante.

Sobre a quién beneficia o perjudica la integración, recordemos que el sistema semi-integrado impuso un costo adicional de 9,45% a todos aquellos contribuyentes que reciben algún recurso proveniente de una empresa. En la operación renta 2018, 161.296 empresas tributaron bajo este sistema. El 93% de esas empresas son Pymes con ventas anuales menores a UF 50.000, cuyos dueños hoy se ven perjudicados con esta sobretasa de impuesto. Los datos muestran que detrás del total de empresas acogidas al sistema semi-integrado hay 303.703 socios, de los cuales cerca de 80.000 personas (26%) corresponden al tramo exento del global complementario (y que de todas formas se ven perjudicadas por la sobre tasa, al recibir una menor devolución de impuesto que las que correspondería) y el 85% se ubica en los tres primeros tramos de impuestos personales, con tasas marginales menores o iguales a 8%. Entonces, ¿a quién perjudica el sistema semi-integrado proporcionalmente más? Justamente a los que tienen menos.

Asimismo, se ha cuestionado el carácter pro-pyme del proyecto. La iniciativa contiene una serie de medidas en este sentido. El sistema integrado versus el atribuido fomenta la reinversión de utilidades en las empresas, lo que beneficia mayormente a aquellos emprendimientos que tienen más dificultades de acceso al mercado del crédito. El sistema integrado termina con la injusta e inequitativa sobretasa de 9,45% ya mencionada que hoy se impone a los dueños de las empresas y que afecta proporcionalmente más a quienes están en los tramos bajos del impuesto global complementario que son la mayoría. Pero el proyecto también hace suyos beneficios vigentes de los regímenes actuales que han contribuido a fomentar el emprendimiento como la depreciación instantánea para Pymes; beneficios a la reinversión de utilidades, entre otros.

Por otro lado, hay importantes avances en simplificación y certeza jurídica que sin duda beneficiarán a las Pymes: el nuevo régimen no discrimina por tipo de empresas, brinda facilidades para efectuar la declaración de impuestos para estos contribuyentes; establece un contundente catalogo de derechos de los contribuyentes; simplifica definiciones y conceptos legales tributarios y crea el Defensor del Contribuyente, medidas ciertamente orientadas a contribuyentes menos sofisticados.

Algunos han sostenido que las pymes se verán perjudicadas por el nuevo régimen que se propone porque se les exigirá contabilidad completa, cuestión que el actual 14 ter no hace. Hoy están sujetas al 14 ter solo el 20% de las Pymes, encontrándose éstas mayoritariamente (70%) en los regímenes atribuidos y semi-integrados que exigen contabilidad completa.

Respecto de las estimaciones de los efectos del proyecto en materia de empleo, la CASEN reflejó que en el período 2015-2017 los ingresos del trabajo en los hogares más vulnerables disminuyeron, en un contexto de menor crecimiento económico. Esto indica que el menor crecimiento económico sí afecta el empleo, expresándose esto en más jefes de hogar desocupados, menos personas ocupadas por hogar y menor formalidad del trabajo del jefe de hogar, en el primer decil mayoritariamente. Así, la caída del ingreso del trabajo en los sectores más pobres, afectando negativamente la equidad, es reflejo de ello.

En consecuencia, todo proyecto que fomente el crecimiento y el empleo, particularmente en las pymes, es pro equidad.

Columna de Macarena García, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-