Economía e impuestos: la hora de la verdad

El Banco Central de Chile acaba de dar a conocer las Cuentas Nacionales del segundo trimestre del año 2018. La situación parece auspiciosa: el PIB creció un 5,3% con un vigoroso comportamiento de los sectores Industria (7,3%), Comercio (8,1%), Agropecuario, silvícola y pesca (7,8%). El crecimiento de la inversión fue de un 7,1%, confirmando un repunte en esta importante variable. Como resultado de ello el crecimiento de la economía durante el primer semestre alcanzó al 4,8%, el valor más alto desde el año 2012.

El Presidente del Banco Central, Mario Marcel, había adelantado la semana pasada el buen pie en que se encontraba la economía chilena. En esa ocasión se refirió también al rezago con que el mercado laboral reacciona a un cambio en el ciclo económico, lo que muchas veces genera impaciencia.

Ello podría explicar la desalineación entre el ciclo económico y el ciclo político, que según las últimas encuestas de opinión estaría indicando una baja en el apoyo al gobierno. Hay muchos analistas que concuerdan en que en definitiva este segundo gobierno de Piñera será juzgado por su promesa de conducir a Chile a una segunda transición: la transición al desarrollo económico.

Si esa tesis es correcta, es crucial lo que ocurra con la economía chilena los años 2019 y 2020. El cambio de tendencia parece claro. Lo que falta por evaluar es la magnitud de ese cambio. No hay dudas que el crecimiento del 1,5% del año pasado, similar al crecimiento de la población y por lo tanto no constitutivo de mayor bienestar, ya quedó atrás; la pregunta es si este cierre de las brechas de capacidad será acompañada en el futuro de una expansión del potencial de crecimiento. Esa expansión no llega sola, y las noticias aquí son menos auspiciosas. La productividad permanece estancada prácticamente desde el año 2006. Chile necesita cambios estructurales en su economía para crecer más rápido.

Por eso el programa de gobierno de Sebastián Piñera contemplaba una reforma tributaria que establecía, entre otras cosas, la baja de la tasa de impuestos a las empresas desde el 27% al promedio de la OCDE. Era impensable que uno de los tres países más pobres de la OCDE tuviera una tasa de impuestos a las empresas más altas de la organización, con el triste récord además de ser uno de los dos países que no la ha bajado desde el año 2000.

El programa de gobierno proponía también el regreso a un sistema de impuestos 100% integrado, con el objetivo de lograr equidad tributaria horizontal que no es otra cosa que si dos personas tienen ingresos iguales, sea cual sea la fuente (rentas de capital o sueldos) paguen los mismos impuestos, lo que no ocurre actualmente. El sistema semiintegrado que nos rige genera un crédito del 65% para el pago del impuesto global complementario de los socios, con lo que se produce el efecto que los socios pagan una sobretasa de 9,45% al recibir utilidades de las empresas.

Por ello parece interesante la propuesta de Evópoli, cuyos economistas plantean no solamente un sistema 100% integrado, sino la reducción de la tasa corporativa desde el 27% al 25%. El gobierno, desgraciadamente, entregó este último punto antes de completar el diseño de su propuesta, arguyendo problemas de recaudación. Los cálculos de recaudación tributaria, como lo demuestra lo que ocurrió con la reforma de Bachelet, no consideran que las bajas de impuestos generan mayor crecimiento (y recaudación) y las alzas tienen el efecto contrario.

La integración y simplificación tributaria son el “desde” de la reforma. La baja de tasas es altamente deseable si se quiere cumplir la promesa de transitar hacia el desarrollo hacia el fin del gobierno de Piñera.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en Diario Financiero.-