Agenda regional: una cuota de realismo

Cada cierto tiempo, en los medios se instalan nombres de potenciales candidatos al cargo de gobernadores regionales. Las expectativas son altas, tanto en lo político como en lo que ello significará para la autonomía de las regiones. Pero con una mirada más en detalle de las reformas que están en proceso de implementación, podrían no estar a la altura de lo que se espera.

A comienzos de año se aprobaron dos nuevas leyes que modifican en forma importante el rol que hoy tienen los gobiernos regionales: la elección del nuevo Gobernador Regional, a realizarse en octubre del 2020, y la creación de un mecanismo de transferencia de competencias desde el gobierno central a los regionales.

El nuevo cargo de gobernador solo asumirá una parte de las funciones que desempeña hoy el cargo de intendente, lo que corresponde a su rol como cabeza del Gobierno Regional, institucionalidad que hoy tiene escasas competencias. Al respecto, la Ley de Transferencia de Competencias no transfiere ninguna, solo indica cómo se puede hacer.

La implementación de estas dos leyes implica un desafio importante para las autoridades. Por lo pronto se deben dictar diversos reglamentos para su ejecución. Uno de los más relevantes es el que debe fijar las condiciones, plazos y recursos que deben ir de la mano con el traspaso de competencias. Si ello no queda claro, se corre el grave riesgo que finalmente se diluyan las responsabilidades ante la ciudadanía de las nuevas autoridades regionales electas.

A pesar de la elección de las autoridades regionales, es probable que poco cambie -más allá de acrecentar el nivel de conflicto entre las regiones y el gobierno central-, lo que terminará por frustrar las expectativas de quienes han impulsado esta idea. Incluso en lo que hoy las regiones tienen competencias, estas son menores. En la asignación de recursos públicos para inversión, hoy los gobiernos regionales sólo representan en promedio el 25% de la inversión pública efectiva. Es decir, las regiones sólo tienen injerencia en uno de cada cuatro pesos que se invierte en su territorio. El resto, los ministerios y empresas públicas.

Un gran ausente en estas reformas es la descentralización fiscal. La lista de temas pendientes en la materia es larga. Todavía existen importantes espacios de discrecionalidad de la Subdere en la asignación de fondos entre regiones, lo cual es incompatible con autoridades electas e independientes políticamente del gobierno central.

Las expectativas son altas y el tiempo corre. Está por verse hasta qué punto esto es un cambio en materia de descentralización o solo una nueva fuente de malestar en regiones. Mientras tanto, los partidos políticos ya han comenzado a definir sus cartas.

Columna de Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en Medios Regionales de El Mercurio.-