Reformas al SEIA: necesarias, pero no suficientes

En términos generales, Chile tiene un buen diseño técnico del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), que se adhiere a las buenas prácticas de la literatura internacional. Los problemas del SEIA son más bien de gestión, excesiva politización del proceso de evaluación y derivados de exigirle a éste soluciones a aspectos para los cuales no fue diseñado, lo que se traduce en incertezas y atrasos en la calificación de proyectos.

Las incertezas jurídicas surgen porque el criterio técnico puede ser modificado por instancias de carácter político como son la Comisión de Evaluación Regional y el Comité de Ministros. En efecto, según cifras de la CPC, en el año 2017 un 57,1% de los casos fueron reclamados ante el Comité de Ministros.

Los plazos de evaluación son extensos debido a las diversas instancias de evaluación y reclamación existentes, y por la falta de focalización en el alcance de la participación de múltiples servicios sectoriales. Entre 2007 y 2016 el plazo promedio de aprobación fue aproximadamente el doble del plazo legal y la tendencia ha sido creciente.

Los problemas mencionados, sin duda, han contribuido a la disminución del número y montos de inversión de proyectos en el SEIA, especialmente notoria durante el último Gobierno de la Presidenta Bachelet. Durante ese período, el número promedio de proyectos aprobados disminuyó 65% y la inversión disminuyó 46% comparado con el período 2010-2014.

En este contexto, el Gobierno del Presidente Piñera ha presentado al Congreso un proyecto de ley que introduce reformas al SEIA.

Esta iniciativa propone la creación de tres Comisiones de Evaluación Macrozonal, a cargo de la evaluación de los proyectos. Con ello se eliminan las Comisiones de Evaluación Regionales y el Comité de Ministros, cuyos integrantes son de carácter político. Cada una de estas estaría integrada por tres miembros que pueden ser nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, tres miembros que son nombrados por el Director Ejecutivo del SEA, a partir de un filtro de mérito por medio de la ADP, y por el Gobernador Regional electo por la ciudadanía. La ventaja de esta nueva composición es que tendería a una evaluación más técnica, aunque sin dejar de lado el componente político, y mantendría cierta participación regional (a través del Gobernador Regional). No obstante ello, sería recomendable evaluar la conveniencia de generar una instancia con una mayor independencia de la autoridad de turno que entregue su evaluación técnica.

Adicionalmente, se propone incorporar formalmente instancias de participación ciudadana en las etapas iniciales de un proyecto, lo cual parece acertado en la medida que ello contribuya a disminuir y racionalizar los conflictos que deben ser abordados durante la evaluación. Se debe tener presente que el proyecto de ley del Ejecutivo mantiene una segunda instancia de participación ciudadana dentro del proceso del SEIA. Queda la duda de que ello no genere una nueva oportunidad para reintroducir o agravar las incertezas y demoras en el proceso.

Finalmente, se crea un nuevo recurso de reclamación para “cualquier persona directamente afectada en un interés legítimo ambiental, de carácter específico”, el cual deberá interponerse dentro de 30 días. Ello busca resolver las diferencias ocurridas en relación al criterio jurisprudencial sobre la invalidación propia o impropia, otorgando mayor certeza a los titulares de proyectos y a la ciudadanía. Las implicancias prácticas de esta modificación requerirán de mayor análisis y discusión en el Congreso. Es necesario especificar las causales por las cuales procederán los recursos, de modo de evitar una excesiva judicialización. Asimismo, y dado que actualmente la etapa recursiva concluye en su gran mayoría en la instancia administrativa, debe revisarse si el traspaso de todos estos asuntos a instancias jurisdiccionales es compatible con la organización, funciones y capacidades de los tribunales ambientales, para evitar una sobrecarga de los mismos.

El SEIA es de vital importancia para el desarrollo sustentable del país. Las reformas propuestas son positivas y necesarias, pero aún insuficientes. Es de esperar que el Congreso aproveche la oportunidad para agregar otros aspectos que contribuyan a mejorar la gestión en el proceso de evaluación y fiscalización del impacto ambiental de los proyectos.

Columna de Alejandra Palma Riedel, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-