Una robusta ruta energética

Hace unas semanas, el Ministerio de Energía lanzó la “Ruta Energética 2018-2022”, documento en el que se ilustran los principales compromisos y líneas de acción del Gobierno en la materia. El trabajo es fruto de un esfuerzo participativo, en que las autoridades del ramo se desplegaron por el país con el objeto de conocer las inquietudes ciudadanas y aquellas de los actores del sector, además de observar la realidad diversa que enfrenta la población en términos de acceso a la energía, costos, etc. Sin perjuicio de otros compromisos interesantes de esta Ruta Energética, resulta especialmente destacable la convicción en torno a modernizar la regulación sectorial de cara a los desafíos futuros.

En lo que respecta al sector eléctrico en particular, y dado su dinamismo, resulta muy pertinente la reflexión sobre cómo la regulación es (o no) lo suficientemente dúctil para hacerse cargo de las transformaciones, contingencias y nuevos retos que se presentan. Así por ejemplo, la irrupción de nuevas tecnologías va revelando nuevos desafíos operacionales y regulatorios, respecto de los cuales es preciso anticiparse para disponer, razonablemente, los cursos de acción. En esta línea, la Ruta prevé que se revisará la normativa para dar respuesta a los mayores requerimientos de flexibilidad del sistema eléctrico y que, dada la mayor penetración de energías renovables variables, se actualizará la regulación para generar una señal eficiente en materia de remuneración de determinados atributos, sin distorsionar los incentivos de los actores y la operación del sistema. Por su parte, en materia de distribución eléctrica, destaca el compromiso de reformar la regulación pertinente, en la que debiera abordarse la generación distribuida, el almacenamiento de energía, la eficiencia energética y la electro-movilidad, entre otras. Pero la modernización del sector no solo pasa por hacerse cargo de aquellas materias en las que hoy nuestra regulación muestra rezagos, sino que también por evaluar ex ante y ex post el impacto de determinadas propuestas regulatorias o de las normas en implementación, respectivamente. En esta línea, resulta bienvenida la futura implementación de un programa de evaluación de la regulación del sector, a través de una Unidad de Evaluación y Desregulación en el Ministerio, la que, entendemos, vendría a complementar sectorialmente la labor que realizará, en términos generales, la anunciada Oficina de Competitividad, Inversión y Productividad, que revisará y simplificará las múltiples regulaciones vigentes.

En suma, se trata de un esfuerzo importante que contiene señales positivas para el sector energético en general, y que debieran comenzar a concretarse, esperamos, prontamente.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-