Cuenta Pública: el debe y el haber

La cuenta pública puede analizarse desde varios puntos de vista. Con los días, se ha ido asentando en los analistas la idea de que, desde una mirada política, el Presidente Sebastián Piñera sorteó con éxito la instancia y dio un paso más en la consolidación de una propuesta propia de la centroderecha que desconcierta a la oposición, que por su parte sólo atina a pequeñas escaramuzas que no alcanzan a configurar una alternativa política seria.

Un análisis económico deja sensaciones más matizadas. Las dos grandes apuestas de la agenda de Piñera son el fuerte componente social y el salto adelante en materia de infraestructura pública. En lo social, cabe celebrar la prioridad por los niños vulnerados reflejada en las políticas de infancia, el énfasis en la salud pública y los anuncios de una reforma a las pensiones y a los seguros privados de salud con sello propio de la centroderecha, que difiere de la mala propuesta previsional de Bachelet y de su inacción en la salud; aunque en estas últimas dos reformas no hay aún información precisa y el diablo suele estar en los detalles. También es positivo que el cuidado de niños en salas cunas pueda beneficiar a hombres y mujeres indistintamente, en la medida que haya sólo un subsidio por hogar. El apellido “universal” no debiera entenderse, a nuestro juicio, como que el Estado financie a familias de altos ingresos que hoy día pagan de su bolsillo una sala cuna.

Lo de la infraestructura pública es de celebrar. Es de la esencia del rol del Estado proveer infraestructura y conectividad a los ciudadanos para que puedan desarrollar sus actividades. La forma en que ha abordado el tema el gobierno de Piñera permite hablar de una infraestructura inclusiva: los estándares y el alcance de las obras anunciadas son una instancia democratizadora, donde ciudadanos de distintas condiciones económicas reciben iguales prestaciones desde el Estado. El Metro es el mejor ejemplo de ello al extenderse hasta sectores de Santiago que tenían mala conectividad afectando la calidad de vida de sus habitantes. Recordemos que es, además, la base para reemplazar el fracasado sistema de transporte público que es el Transantiago, según ha prometido Piñera. Las inversiones planeadas en puertos, ferrocarriles de corta distancia y vialidad, permiten extender este mejoramiento de la calidad de vida a las regiones. Se agrega a ello la intención de invertir más en conectividad eléctrica y especialmente en telecomunicaciones, donde un buen acceso a internet es un mecanismo que incluye a chilenos hoy excluidos simplemente por el lugar donde viven.

Sin embargo, sabemos que siendo la infraestructura pública indispensable para el desarrollo del sector privado, la mayor parte del crecimiento ha de venir de la inversión privada, que ha caído sistemáticamente cada uno de los cuatro años del gobierno de Michelle Bachelet. Y es en revertir esa situación donde, a nuestro juicio, la cuenta pública ha quedado al debe.

La reducción del impuesto a la renta de primera categoría, que tiene a las empresas chilenas soportando la carga porcentual más alta de toda la OCDE siendo una de las economías más pobres de esa organización, era una medida central del programa económico de Piñera. Renunciar a la rebaja, dejando todo el peso de la reforma en la simplificación, debido proceso al contribuyente y la plena integración de impuestos es, a mi juicio, insuficiente para lograr el objetivo de aumentar la inversión privada, premisa irrenunciable de la recuperación del crecimiento económico. Es más, estratégicamente no se puede entender que el Gobierno haya entregado este punto anticipadamente, debilitando en una negociación la defensa de sus otros objetivos.

Las señales de la recuperación económica pueden llevar a la autocomplacencia. El IMACEC de 5,9% es una buena noticia pero la base de comparación está distorsionada por la huelga de La Escondida el año pasado. El esfuerzo de inversión para volver a crecer tiene que superar inercias de malas políticas que aún no tienen pleno efecto, como la reforma laboral. Las agendas pro inversión son positivas pero de efecto limitado. La falta de reformas económicas estructurales deja al debe la cuenta pública.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en Diario Financiero.-