Falta de Deferencia con la separación de poderes del Estado

Diputados del Frente Amplio anunciaron que estudiarán si procede una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados acerca de una reunión que sostuvo el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, con el entonces Senador Hernán Larraín y el abogado Mario Zumelzu, o incluso derechamente evalúan solicitar su destitución. Nada dicen acerca de otra reunión sostenida por Jorge Abbott con el Senador Guido Girardi y el abogado Ciro Colombara, en vísperas a su nombramiento como Fiscal Nacional, reunión que es ampliamente conocida porque fue informada en su oportunidad, hace mucho tiempo, por los medios de comunicación. Vale decir algunos en el Frente Amplio consideran que una reunión del Fiscal Nacional con un senador de derecha y un abogado es causal de destitución o al menos de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados;  y una reunión de Jorge Abbott con un senador de izquierda y un abogado no merece siquiera una mención. Curiosa forma de entender las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.

Demás está decir que el Fiscal Nacional, como cualquier autoridad de un poder independiente, puede reunirse con distintas personas, senadores, abogados e incluso diputados, sin merecer reproche por ello. Uno podría pensar en protocolos que regulen con mayor precisión las obligaciones de informar de diversas autoridades del Poder Judicial, pero el escándalo que intenta armar el Frente Amplio en este caso muestra una beatería y forma de hacer política que es populista, que no se condice con otras situaciones similares que no le merecen reproche y que en definitiva muestran falta de consideración con las instituciones republicanas.

Las apelaciones a la razón populista del Frente Amplio para atacar a quienes consideran sus adversarios preocupan, pero no sorprenden. Lo que sí ha sorprendido es que el Senado, o en este caso su Presidente, el Senador del PS, Carlos Montes, tenga una conducta poco deferente con otro poder del Estado. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando convocó a una fallida sesión de la Cámara Alta para analizar los fallos del Tribunal Constitucional.

En efecto, a raíz de una serie de polémicas que han generado diversos fallos emitidos recientemente por el Tribunal Constitucional (TC), los comités del Partido por la Democracia (PPD) e Independientes, Partido Socialista (PS), Partido Demócrata Cristiano (DC) y Partido Revolución Democrática (PRD), solicitaron la realización de una sesión especial del Senado a la que fueron invitados el presidente de dicho tribunal, Iván Aróstica; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; y el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel.

La idea era que en la jornada los legisladores expresaran sus puntos de vista sobre el rol que ha asumido el TC y como éste, en opinión de los convocantes, interferiría en las competencias del Congreso Nacional.

Afortunadamente la sesión fracasó pues los Ministros Larraín y Blumel declinaron asistir arguyendo, correctamente, que no corresponde que se debata en esa sede acerca de fallos del Tribunal Constitucional. El Presidente del Tribunal, Iván Aróstica, también declinó participar en la sesión.

Como lo señalara muy bien José Miguel Aldunate, del Observatorio Judicial, la sesión pone en entredicho el texto de la Constitución que prohíbe al Congreso “revisar los fundamentos o contenidos” de las resoluciones de los tribunales. También rompe con la antigua máxima no escrita pero tan republicana en virtud de la cual los poderes públicos no comentan los fallos sino que los cumplen. La sesión citada es una señal de amedrentamiento al Tribunal que parece inaceptable.

El Presidente del Senado, dada su alta investidura, debiera ser especialmente cuidadoso en las relaciones con otros poderes del Estado. La separación de poderes es una base fundamental de las democracias modernas y forma parte del sistema de contrapesos que permite que las democracias puedan representar la opinión de las mayorías pero al mismo tiempo respeten los derechos de las minorías. A la izquierda le cuesta a veces aceptar esto, pero quienes ocupan posiciones de relevancia dentro de nuestro ordenamiento institucional no debieran darse el lujo de prescindir de su investidura.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-