Agenda legislativa como herramienta de campaña electoral

 

El Gobierno anunció cual sería su agenda legislativa para las semanas previas a la segunda vuelta electoral, sin duda el objeto de este anuncio es intervenir deliberadamente en las elecciones presidenciales y poner en discusión temas -que en opinión de ellos- podría favorecer las opciones del candidato oficialista. Lo anterior fue abiertamente explicitado por Alejandro Guillier, quien luego de una reunión realizada entre la Presidenta de la República y el candidato de la Nueva Mayoría, señaló que el encuentro realizado tuvo por objeto coordinar la agenda legislativa “en algunos aspectos que al comando le interesa adelantar”.

La utilización con motivos electorales del instrumento constitucional de las urgencias, es del todo irresponsable, ya que busca que iniciativas legislativas de gran relevancia -como son el proyecto de incorpora la gratuidad en la educación superior o la reforma de pensiones- sean aprobadas a la brevedad, limitando el debate y el perfeccionamiento de las iniciativas, sin importar la calidad de las leyes que se aprueben. Esto es especialmente relevante en circunstancias de que durante la discusión de esas iniciativas ha quedado claro que dichos proyectos en los términos que se encuentran planteados actualmente no apuntan a establecer un mejor sistema educacional que asegure la calidad para quienes acceden a la universidad o institutos técnicos, o bien lograr que los actuales y futuros jubilados puedan tener una mejora en el monto de sus pensiones, asegurando que se mantenga la propiedad en las cotizaciones.

De manera adicional a las iniciativas que incorporan la gratuidad en educación superior y a la que establece un ente estatal a cargo de administrar un 5% adicional de las cotizaciones previsionales, el Gobierno anunció que espera aprobar la elección directa de los gobernadores regionales (ex intendentes) aún cuando no existe claridad respecto de que funciones podrán realizar estas nuevas autoridades, de qué manera se realizará el traspaso de las funciones desde el nivel central y cómo será la relación entre el gobernador y el ejecutivo.

Discusión aparte es el anuncio realizado hace unas semanas por el Gobierno, en el sentido que espera presentar antes de la segunda vuelta un proyecto de nueva Constitución, que- según lo señalado- se basaría en los contenidos discutidos durante el proceso constituyente llevado a cabo durante 2016. Si esto finalmente llega a ocurrir, le daría la razón a todos aquellos que en su momento señalaron que el fin último de todo el proceso era de carácter político más que constitucional. No obstante, aún existen dudas respecto de la estrategia que seguirá el Gobierno, ya que la presentación de un Congreso de nueva Constitución, necesariamente pondría en el debate contenidos y forzaría al Gobierno a fijar postura en determinados temas, lo cual pondría de manifiesto las distintas sensibilidades y opiniones al interior de la Nueva Mayoría y de esta coalición con el Frente Amplio. Más allá de los contenidos, la presentación de un proyecto de ley para establecer una nueva Constitución, sería la manera más concreta de que el Gobierno opta por el mecanismo institucional, es decir mediante una discusión en el Congreso, en desmedro de una Asamblea Constituyente, determinación que parece apropiada, pero que sin dudas no dejará conforme al Frente Amplio.

La tramitación de proyectos de ley, y en especial de reformas relevantes y con un gran impacto en la población, deben de ser discutidas de manera seria y responsable. Es de esperar que tanto el Gobierno como los parlamentarios entiendan lo relevante de sus decisiones y se aboquen a sus labores pensando en el bien de todo el país, y no sólo de un candidato.

 

Columna de Francisco López, Coordinador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.-