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Patrimonio Cultural: monumentos nacionales, inmuebles históricos y mamarrachos

El Libero

Es deseable que un país haga esfuerzos por proteger su patrimonio cultural. En el último tiempo se han presentado dos situaciones —la de la Casa Italia en Viña del Mar y la de la Villa San Luis en Las Condes— que abren una discusión acerca de la forma en que Chile está abordando esta materia.

La Casa Italia en Viña del Mar es un inmueble de indiscutida belleza arquitectónica. El problema que se revela con su declaración como monumento histórico por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, es que ello impone un gravamen desproporcionado e injusto al propietario de la casa. ¿Si la comunidad considera que el inmueble tiene valor patrimonial, por qué ha de ser su dueño el que tenga que solventar este bien del que disfrutan todos? De hecho, en este caso los propietarios presentaron y obtuvieron de la Dirección de Obras de la Municipalidad un permiso que se ajusta plenamente a la normativa vigente para construir dos torres en el terreno. Si el Estado de Chile, representando a la comunidad, considera que hay un valor patrimonial, debiera hacerse cargo del costo que esto tiene, ya sea adquiriendo el inmueble o, al menos, ofreciendo algún incentivo a un propietario privado para su conservación.

En esta última línea avanzaba un proyecto de ley presentado durante el Gobierno de Sebastián Piñera, que concedía una exención del impuesto territorial (contribuciones) incluso si el inmueble se destinaba a un uso comercial. Como bien dice Magdalena Krebs, ex directora de Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos), no hay mejor manera de preservar nuestro patrimonio construido que habitándolo con fines muy diversos.

Desgraciadamente, ese proyecto de ley, como muchos otros presentados durante el Gobierno anterior, duerme el sueño de los justos en el Congreso porque la actual administración lo archivó por falta de urgencia.

La comunidad pide hoy que la Casa Italia no sea demolida y, de hecho, el Consejo de Monumentos Nacionales, cuyo vicepresidente es el director de Dibam, la declaró monumento histórico. Pero esa misma comunidad nada dijo cuando la casa permanecía abandonada. Es necesario, entonces, buscar mecanismos que incentiven la conservación de inmuebles de valor arquitectónico e histórico, porque si la legislación sigue así, lo de la Casa Italia va a seguir ocurriendo.

Lo de la Villa San Luis es otra cosa. El problema allí es que un lote de edificios abandonados y semi destruidos de esa villa, en Las Condes, fue recientemente declarado monumento nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales, después del intenso lobby realizado por un arquitecto. El fundamento sería que estos edificios constituirían un ejemplo de integración de viviendas sociales en barrios con casas de mayor valor económico. Esto último es altamente discutible, porque al momento de construir, esos eran terrenos baldíos y no había casas en el entorno. La motivación, entonces, es de carácter político, y el director de Dibam ha actuado siguiendo un criterio político y no técnico. Es una lástima que en este Gobierno hasta el Consejo de Monumentos Nacionales se guíe por razones políticas y, peor aún, que el Ministerio de Educación avale ese actuar dictando un decreto que oficializó la declaración de monumento nacional.

Este proyecto de construir  la Villa San Luis fue abordado durante el Gobierno de la Unidad Popular, luego sufrió varios retrasos y “tomas verticales”, y no se terminó durante el Gobierno militar, por lo cual los edificios quedaron abandonados. Con posterioridad, terrenos aledaños fueron adquiridos y se construyeron modernos edificios que forman parte de una urbanización, Nueva Las Condes, que es un ejemplo de buen uso del espacio público e integración de los distintos proyectos inmobiliarios vecinos del sector.

Los terrenos que ocupaba la Villa San Luis y otros colindantes, después de muchas tribulaciones legales, fueron vendidos por el Fisco a un valor considerable. Se dice que cerca de 100 millones de dólares. La absurda declaración de monumento nacional de la Villa San Luis, que es hoy un conjunto de escombros, constituye por cierto un gravamen a los propietarios del inmueble, con el agravante de que el terreno les fue vendido a ellos por el Fisco. Desde el punto de vista de los dueños, tienen toda la razón en considerar que esta es una vulgar estafa perpetrada por el Estado de Chile.

Pero el gravamen en este caso no recae solamente sobre los dueños de la inmobiliaria, sino sobre todos los que transiten por ese lugar. En medio de uno de los barrios mejor logrados de nuestra capital se estaría dejando un adefesio, un verdadero homenaje al feísmo; en definitiva, una suerte de mojón cuyo único objeto sería satisfacer los extraños desvaríos mentales de quienes aún añoran tiempos nefastos, que afortunadamente la mayoría ciudadana no valora ni echa de menos.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, publicada en El Líbero.-

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