Los efectos del impuesto Caval

Pese a la complicada situación que enfrenta la economía, el Ejecutivo continúa impulsando, esta vez en su segundo trámite constitucional en el Senado, un proyecto de ley que junto con incorporar normas sobre transparencia y participación en los procesos de cambio de los planes reguladores, incorpora un impuesto del 10% sobre el mayor valor obtenido en la enajenación onerosa de bienes raíces que se encuentren en zonas incluidas en un proceso de ampliación del límite urbano.

Esta iniciativa nació a raíz del escándalo de público conocimiento en que se vio envuelto el hijo de la Presidenta cuando la empresa CAVAL compró terrenos rurales en Machalí de una manera bastante irregular.

Al revisar los antecedentes del caso, resulta evidente que la conducta antijurídica del caso se relaciona con figuras de tráfico de influencia y, lo que en doctrina, se denomina “corrupción entre particulares”, lo cual no se supera con la figura de un impuesto más al mercado del suelo, sino que por medio de la tipificación y posterior  persecución y sanción de la conducta ilícita, bien sea que se aborde desde el punto de vista civil o penal.

Este proyecto de ley pretende sumar un nuevo impuesto, que busca captar una eventual plusvalía, que ya es recogido por el impuesto territorial -conocido coloquialmente como contribuciones-, y recientemente con la reforma tributaria en que se gravan ganancias de capital por enajenación de inmuebles por vendedores no habituales, por lo que no podemos sino dejar a la vista su inutilidad y una posible vulneración al principio de doble imposición.

Sin embargo, además del análisis propio de la nueva carga tributaria que impone, da cuenta de una decisión política del Gobierno en materia de planificación urbana.

La típica discusión en materia de planificación de las ciudades es si queremos que éstas crezcan por extensión, por densificación o una combinación de ambas. La decisión no es inocua y depende en gran medida de la realidad de cada comuna o agrupación de comunas. Lo cierto es que encarecer la enajenación de bienes raíces que se encuentren en las zonas objetos de ampliación de los límites urbanos da cuenta de una decisión política de preferir o favorecer el crecimiento por densificación, lo cual, claramente, no parece ser la solución más acertada para una ley que tiene efecto en todo el territorio nacional.

Transparentar el mercado del suelo y perfeccionar los procedimientos de elaboración y modificación de los planes reguladores, sin lugar a dudas, resulta un avance digno de apoyo, pero es preciso también levantar alertas de efectos no deseados como es el establecimiento de un impuesto nuevo sin justificación aparente y una señal que hace más difícil y encarece la decisión legítima de una comuna de planificar un crecimiento por extensión de los centros urbanos.

Columna de Paulina Henoch y Sergio Morales, investigadores de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-