Salud: ¿Dos años perdidos?

Habiéndose cumplido dos años del gobierno de Bachelet, y sumándome al sinnúmero de balances que por estos días se realizan, parece necesario mirar qué ha ocurrido en salud, lo cual si bien no era parte de las tres reformas emblemáticas comprometidas en el programa de gobierno (tributaria, educacional, constitucional), sabemos que es un tema sensible tanto para la Presidenta como para la ciudadanía. Por ello no es de extrañar las grandes promesas realizadas en esta área al iniciarse el gobierno.

Sin duda una de las que más ha llamado la atención ha sido el compromiso de un millonario plan de inversiones de US$ 4.000 millones, de tal forma de contar en marzo de 2018 con 20 hospitales construidos, 20 “en construcción” y 20 “en estudio o licitación”. Esto llevó en 2015 a la actual administración a duplicar el presupuesto de inversión en salud, alcanzando un monto cercano a US$ 1.000 millones. Los resultados de esta promesa son conocidos: incapacidad para ejecutar el abultado presupuesto asignado, constantes cambios en la lista de establecimientos que se materializarían total o parcialmente en esta administración y un incomprensible portazo a la colaboración del sector privado en materia de inversión, anulando cuatro procesos de licitación ya en marcha y optando por no concesionar otros tres establecimientos que estaban en carpeta. Todo esto, reflejo de evidentes problemas de gestión que en suma terminan alejándonos cada vez más de cerrar la brecha de infraestructura hospitalaria existente en nuestro país: en promedio, nuestro país cuenta con 2.2 camas por hospital por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio de los países OCDE (4.8) y también del promedio mundial de (2.7).

Otro tema en el cual se ha centrado la discusión durante estos dos años ha sido en las potenciales reformas que se realizarán a las Isapres. Para ello se convocó una comisión de expertos, cuyas conclusiones, entregadas en octubre de 2014, fueron mucho más allá de sólo buscar mayor movilidad y mejor información para los afiliados en el sector privado, o de un mecanismo objetivo de reajuste de los precios de los planes que termine con la creciente judicialización en esta materia. Por eso, en caso de ingresarse finalmente un proyecto de ley al respecto (como hemos escuchado por estos días), esperemos que no sea uno que termine dejando peor tanto a los asegurados por las Isapres como a quienes están en FONASA como sí lo hacía la propuesta de mayoría de la mencionada Comisión.

Al negativo escenario anterior se suman listas de espera en el sector público que no ceden, lo cual no olvidemos afecta a cerca del 80% del país que hoy se encuentra afiliado a FONASA.Las listas de espera de enfermedades AUGE (que por contar con “garantía de oportunidad” no deberían existir) se han duplicado en dos años, superando con creces el umbral de los 10 mil casos. En el caso de las listas de espera para patologías no AUGE, para 2015 el MINSAL se autoimpuso la meta de llevar a cero el número de personas que espera por una consulta con un especialista desde 2013 o antes y también a cero el número de pacientes que esperan por una intervención quirúrgica desde el 2012 o antes. Si bien no contamos con información oficial para evaluarlo, es muy probable que este compromiso no se haya cumplido, o se haya hecho a costa de un aumento en la espera de las consultas y cirugías más recientes.

Y si de superar umbrales se trata, la deuda hospitalaria también alcanzó niveles record durante 2015, superando a mitad de año los $ 200 mil millones, cifra que hasta hace poco parecía inalcanzable.

En suma, existen señales evidentes para señalar que el balance en salud de estos dos años está lejos de ser positivo. ¿Se podrá durante el segundo tiempo atender de manera más efectiva una de las preocupaciones históricamente más relevantes de nuestro país?

Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-