Prácticamente la totalidad de los más de 90 expositores citados a la Comisión de Hacienda del Senado, manifestaron entonces preocupación respecto al proyecto original, que tras el acuerdo transversal –que al menos algo mitigó- se transformaría en la Ley 20.780 que hoy a todos nos inquieta.

Las aprensiones de los expertos mencionados, que incluían tanto a ex Ministros de Hacienda como ex Directores del SII, de lado y lado, se originaban a raíz de los indudables efectos sobre la actividad económica, el fin absoluto de la –correcta y globalmente común- distinción tributaria entre utilidades retiradas y aquellas distribuidas a los dueños, las excesivas facultades del SII que llevarían a innumerables batallas en tribunales y la real aplicabilidad de un sistema en base atribuida para las cientos de miles de empresas del país.

Lamentablemente, todas estas preocupaciones siguen siendo válidas y la gradualidad que se le dio a la reforma, argumento que de acuerdo a la autoridad aplacaría sus evidentes perjuicios, no ha hecho hasta ahora más que generar incertidumbre. De hecho, más allá de sus deficiencias económicas, expertos tributarios de respetados estudios (como BDO, Tax & Legal, etc.) y académicos (CET U. de Chile) han puesto en duda que las circulares que hasta ahora el SII ha emitido realmente esclarezcan las falencias operativas del nuevo sistema.

Tenemos hoy la oportunidad de mejorar tanto el fondo como la forma de una reforma reconocida transversalmente como defectuosa. Esperemos que el gobierno no desperdicie esta oportunidad de enmendar el rumbo.

Columna de Francisco Klapp, Economista de Libertad y Desarrollo, publicada hoy en Pulso.-