Se esperaba que, con el Informe Engel en la mano, la Presidenta diera a conocer medidas convincentes para superar la crisis de confianza que nos ha azotado. En lugar de ello, y como si el Calbuco no hubiese emitido ya bastante humo y cenizas, su discurso más bien ha tendido cortinas de humo sobre los escándalos políticos. Habrá quienes celebren la audacia de la jugada política, pero en mi opinión ella pondría a Chile en una situación de alerta roja.

"No podemos tolerar" -ha sentenciado la Presidenta- que la democracia y la política "sean capturadas por el poder del dinero", dando a entender así -convenientemente- que las faltas denunciadas no habrían sido responsabilidad de los políticos involucrados, sino de los empresarios que financiaron sus campañas. Aunque la sospecha pueda ser explicable, hasta ahora no hay mayores evidencias que los receptores de los cuestionados aportes hayan servido los intereses particulares de sus donantes. Al avalar esa hipótesis, la Presidenta se suma a una campaña orquestada desde la izquierda que cuestiona la legitimidad del sistema económico y político imperante.

Coherente con ello es el distractor anuncio de un "proceso constituyente" para una nueva Carta Fundamental, "plenamente democrática y ciudadana". Propiciar un debate constructivo sobre cómo mejorar nuestro ordenamiento constitucional puede ser muy positivo. Pero, promoverlo desde el Gobierno puede servir para avivar toda suerte de presiones sobre el Congreso, el que hoy detenta el poder constituyente. Las consecuencias políticas son difíciles de prever pero no así las económicas: dejar en compás de espera las nuevas inversiones y los nuevos puestos de trabajo que Chile necesita.

La Comisión Engel ha propuesto sensatas ideas para fortalecer la probidad del servicio público, que la Presidenta hace suyas. Pero, en lo que creo un retroceso, la Mandataria se ha inclinado por abolir los aportes reservados a las campañas, prohibir las contribuciones de las empresas y hacer que sea "el Estado el que financie el trabajo de los partidos", materias que no reunieron consenso en la comisión. Extinguir las donaciones de los particulares y estatizar el financiamiento de la política limitará seriamente la competencia y la renovación de sus líderes.

Estimo que el camino para reconstruir la confianza ciudadana es otro. Exige por parte de todos los actores políticos una voluntad real de dejar trabajar a la justicia y su decisión personal de transparentar la verdad. Gestos como asumir las faltas cometidas, divulgar la contabilidad de los partidos y dar a conocer las rentas declaradas ante Impuestos Internos por los involucrados, ayudarían mucho más que los cambios legales o constitucionales propuestos. Cuando es la honestidad de diversos políticos la que está cuestionada, las maniobras distractoras y las cortinas de humo no pueden hacer ningún bien.

Columna de Juan Andrés Fontaine, Consejero de LyD, publicada en El Mercurio.-