A continuación, reproducimos la columna publicada hoy en los Medios Regionales de El Mercurio.

Uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Bachelet fue “avanzar gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior”. Estimamos que para esto se requerirían al menos US$ 4.500 millones anuales, los que supuestamente se obtendrían de la Reforma Tributaria aprobada el año pasado (que recaudaría US$ 8.200 millones anuales en régimen). No obstante, los últimos días trascendió que el Ministerio de Educación estaría considerando la idea de financiar la gratuidad a través de un nuevo impuesto a los titulados de más altos ingresos.

¿No era acaso la Reforma Tributaria ya aprobada la que financiaría esta iniciativa? Sin entrar a discutir la conveniencia de la política de gratuidad, sobre la cual ya nos hemos manifestado en contra, este eventual nuevo impuesto significaría un incumplimiento por parte del Gobierno, que habiendo sacado adelante una Reforma Tributaria con muchos defectos supuestamente por la urgencia de financiar los proyectos comprometidos en educación, ahora estaría buscando obtener más recursos desde el otro bolsillo de los contribuyentes.

¿Por qué tendríamos que creer que esta vez el futuro impuesto sí irá a financiar la educación, y no otros gastos menos populares, como por ejemplo el creciente déficit del Transantiago o bien el aumento en el número de parlamentarios? ¿Deberán los egresados de carreras más rentables subsidiar a quienes opten por carreras menos rentables, o bien, a quienes decidan estudiar pero no trabajar? Y al interior de una misma carrera, ¿quiénes gracias a su esfuerzo accedan a una mejor remuneración deberán subsidiar a los menos esforzados? Sin duda podría incluso surgir un mercado paralelo de trabajadores que opten por no titularse, para así evadir el nuevo impuesto.

Esperemos que este trascendido sea sólo eso, y que si el Gobierno quiere perseverar en cumplir con la ambiciosa promesa de la Presidenta, utilice los instrumentos más justos y eficientes: un sistema de becas y créditos, y deje los recursos públicos para las verdaderas urgencias, como son las 2,5 millones de personas que todavía viven en situación de pobreza, mejorar el sistema de salud pública, el transporte y caminos rurales, la educación preescolar y escolar, entre otros.