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IMPUESTO A LOS TITULADOS

Voces La Tercera

A continuación, reproducimos la columna de nuestra Investigadora, María Paz Arzola enEducación Superior a Voces de La Tercera.

Uno de los principales compromisos de campaña de la actual Presidenta fue “avanzar gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior”. Según su programa de Gobierno, durante sus 4 años de mandato se daría acceso gratuito “al menos a los estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población”.

Estimamos[1] que para esto se requerirían al menos US$ 4.500 millones anuales (US$ 1.700 para llegar al 70% más vulnerable), los que supuestamente se obtendrían de la Reforma Tributaria aprobada el año pasado (que recaudaría US$ 8.200 millones anuales en régimen). No obstante, los últimos días surgió un trascendido de que el Ministerio de Educación estaría considerando la idea de financiar la gratuidad a través de un nuevo impuesto a los titulados de más altos ingresos.

Sin entrar a discutir la conveniencia de una política sobre la cual ya nos hemos manifestado en contra, este eventual nuevo impuesto significaría un incumplimiento por parte del Gobierno, que habiendo sacado adelante una Reforma Tributaria con muchos defectos, supuestamente por la urgencia de financiar los proyectos comprometidos en educación, ahora estaría buscando obtener más recursos desde el otro bolsillo de los contribuyentes.

¿Por qué tendríamos que creer que esta vez el futuro impuesto sí irá a financiar la educación, y no otros gastos regulares del sector público, como por ejemplo el creciente déficit del Transantiago, cuya evasión llegó el 2014 al 24,2%, o bien el aumento en el número de parlamentarios?

Adicionalmente, este impuesto para financiar la educación superior podría tener otros efectos no esperados. Quienes proponen este tipo de ideas se olvidan de que las personas respondemos a incentivos; que el mercado no funciona porque lo invoquemos y los precios no existen porque a alguien se le haya ocurrido expresarlos en pesos o dólares, sino que porque todo lo que requiere del esfuerzo de alguien tiene un costo que, queramos o no, debe financiarse de alguna forma. Que sea el Gobierno (o un comité de expertos) el que fije los aranceles no significa que los precios dejen de existir; lo que se hace con esto es fijar ya sea la calidad del servicio entregado, o bien la cantidad de alumnos que podrán ser atendidos con dichos recursos.

¿Deberán los egresados de carreras más rentables (que en el futuro ganen más) subsidiar a quienes opten por carreras menos rentables, o bien, a quienes decidan estudiar pero no trabajar? Sin duda ésta sería una excelente forma de subsidiar la formación profesional de quienes opten por no trabajar remuneradamente. Y al interior de una misma carrera, ¿quiénes gracias a su esfuerzo accedan a una mejor remuneración deberán subsidiar a los menos esforzados? Es perfectamente posible que ante esta posibilidad, surgiera un mercado paralelo de trabajadores no titulados, que prefieran no finalizar sus carreras con tal de evadir el impuesto. Eventualmente el premio en el ingreso debido a la obtención de un título profesional podría verse contrarrestado por el mayor costo derivado del nuevo impuesto, lo que haría más conveniente la opción de estudiar sin titularse.

Esperemos que este trascendido sea sólo eso, y que el Gobierno no nos tome el pelo una vez más. Y que si verdaderamente quiere perseverar en cumplir con la ambiciosa promesa de la Presidenta, utilice los instrumentos más justos: un sistema integrado de becas y créditos que permita sostener un sistema en crecimiento, y que deje los recursos públicos para financiar las verdaderas urgencias que todavía hay en nuestro país: pobreza, salud, educación preescolar y escolar, vivienda, etc.

[1] A partir del gasto privado por alumno de educación superior reportado por la OCDE 2013.

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