Educación: los recursos no alcanzan

Lamentablemente Chile no es un país rico; todavía nos falta para alcanzar el nivel de ingresos de los países desarrollados. Por eso debemos tener especial preocupación a la hora de decidir en qué gastamos los escasos recursos públicos con que contamos.

Durante su primer año el gobierno desafió los números, haciendo promesas que a la larga no podría cumplir. En primer lugar, partió impulsando una reforma tributaria a toda carrera, despreocupándose del impacto que ésta tendría en la generación de ingresos en el largo plazo, supuestamente por la urgencia de financiar proyectos en materia de educación escolar. Con esa reforma se obtendrían US$ 8.200 millones (en régimen), de los cuales US$ 5.000 millones irían a financiar iniciativas en educación. En ese momento les pareció suficiente, pero hoy -al parecer- están aterrizando en la realidad de que las iniciativas pueden ser ilimitadas y que habrá que priorizar. Veamos los números.

El 21 de mayo pasado, la Presidenta Bachelet comprometió recursos para la construcción de salas cunas y jardines infantiles. El costo aproximado de esta iniciativa en régimen sería del orden de US$ 500 millones, sólo en lo que se refiere a cobertura, sin tomar medidas que mejoren la calidad de la provisión.

En materia de educación escolar, se envió el proyecto de ley para terminar con los establecimientos subvencionados con fines de lucro y con el copago, y crear un nuevo sistema centralizado de admisión. El costo de esta iniciativa en régimen, según el informe financiero, sería del orden de los US$ 1.500 millones anuales, a los que hay que sumar el nuevo fondo para la educación municipal que se añadió durante la tramitación, con un costo de US$ 417 millones anuales.

Ahora bien, hay varios costos que el informe financiero de este proyecto no incluyó. Primero, la incorporación de los establecimientos educacionales que no han suscrito la SEP. Dado que éste es un supuesto y un objetivo del proyecto (que todos los colegios suscriban a ella), debiéramos sumar US$ 200 millones anuales más. Asimismo, el nuevo sistema de admisión centralizado en el Mineduc, el personal necesario para la fiscalización de las nuevas normas, la creación de capacidades en las escuelas para poder integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales (como la ley obliga), y el valor que tendrá que pagar el Fisco para asegurar la continuidad del proceso educativo de quienes se queden sin colegio producto de eventuales cierres; todos estos gastos tampoco fueron reconocidos en el informe financiero, aun cuando sabemos que podrían alcanzar sumas importantes.

La eliminación del financiamiento compartido se espera cubrir con incrementos en la subvención. ¿Cuántos recursos se necesitarán? ¿Existe un cronograma? Debiéramos también incluir como mayor gasto producto de la reforma del gobierno, los recursos que vayan a suplir el copago, que hoy permite recaudar US$ 600 millones anuales.
En lo que dice relación con los profesores, se acaba de aprobar la entrega de un bono de incentivo al retiro, con un costo de US$ 195 millones por una sola vez. Dado que no existen suficientes incentivos para que los docentes jubilados abandonen la dotación docente, no es aventurado pensar que este bono se seguirá entregando en el futuro, pasando a ser un gasto permanente. El anhelado proyecto de carrera docente, en tanto, podría llegar a costar más de US$ 2.000 millones anuales. Por lo menos este proyecto sí apunta a mejorar la calidad educativa.

La desmunicipalización también fue una promesa de campaña. El costo de ésta es incalculable: se deberá financiar al menos el saneamiento de las deudas, el traspaso de profesores y de infraestructura si es que cambia la entidad sostenedora, y un incremento de la subvención hasta el nivel que permita entregar una educación de calidad. Según estimaciones de Accioneducar, sólo el primer año de implementación podría costar más de US$ 1.200 millones. Suma y sigue…

En educación superior también se han comprometido nuevos recursos. El informe financiero del proyecto, que crea dos universidades estatales en Aysén y O’Higgins, considera un mayor gasto público de US$ 26 millones para la implementación durante los tres primeros años. Sin embargo, no se especifica cuál será el gasto público futuro en régimen para hacer funcionar estas universidades. Lo mismo ocurre con el proyecto que crea 15 CFT estatales en regiones: el informe financiero estima US$ 190 millones para los cuatro primeros años, pero nada dice sobre el financiamiento posterior.

Y por último, la promesa de la Presidenta de financiar la gratuidad universal de la educación superior. Según nuestras estimaciones, para mantener el sistema tal como está hoy, se requerirían un mayor gasto de al menos US$ 4.500 millones anuales.

Así, el Gobierno ha comprometido ya más de US$ 11.000 millones anuales. Hay algo que no calza, juzgue usted mismo. Es fácil hacer promesas al aire para convencer a los electores, pero una vez en el poder, hay que cuadrar la caja. Lo que se espera de un gobierno responsable es que desde el principio elabore un plan concreto, bien estudiado, y que asegure, primero, que los recursos alcancen; y segundo, que éstos no terminen en el tarro de la basura, sino que mejorando, en este caso, la calidad y las oportunidades en educación. Es momento que el gobierno se ponga responsable y decida qué iniciativas va a privilegiar y cómo las va a financiar.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-