COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN: RESTABLECIENDO LA CONFIANZA

A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN VOCES DE LA TERCERA.

El cierre de la Universidad del Mar y los cuestionamientos que se hicieran a la labor de ex miembros de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) –por los que aún se les investiga-, gatillaron en su momento una discusión sobre el rol que estaba teniendo la acreditación en el sistema de educación superior, y la necesidad de llevar a cabo cambios en los mecanismos existentes a partir de la Ley N° 20.129 el año 2006.

Debido a lo anterior, a fines del año 2012 el gobierno envió un proyecto de ley que proponía una nueva institucionalidad pública a cargo de un nuevo sistema de acreditación. Ésta introducía un proceso obligatorio basado en el cumplimiento de estándares que permitieran cautelar el cumplimiento de la ley y el desarrollo sostenible de diversos tipos de instituciones y proyectos académicos. Este proyecto constituía un avance en cuanto definía correctamente lo que significa la acreditación, estableciendo específicamente qué es lo que ésta iba a medir, y velaba por una mayor continuidad en los mecanismos de supervisión.

Cuando un grupo de personas concentra un gran poder -como el que significa otorgar las acreditaciones que permiten acceder a recursos públicos- y no es claro que se hallen en una posición de imparcialidad, entonces es natural que puedan aparecer sospechas sobre su cometido. La ley puede establecer incompatibilidades e inhabilidades, pero lo cierto es que sólo un proceso suficientemente transparente, que no deje espacio para la discrecionalidad, es capaz de disipar estas sospechas. El proyecto enviado pretendió definir estándares que contribuyeran en este sentido, pero tal como ocurriera con la mayor parte de los proyectos en educación enviados por la actual administración, no logró prosperar en el parlamento. De esta forma, la CNA se vio en la necesidad de llevar a cabo cambios dentro de su marco de acción, que le ayudaran a restablecer la confianza perdida.

Tras el último proceso, perdieron la acreditación, entre otras, la Universidad SEK, de Las Américas –a la que el CNED le rechazó la apelación–, Gabriel Mistral y la UNICIT. Y cómo no, luego de estas determinaciones, nuevamente aparecieron algunas críticas; esta vez, eso sí, respecto a la mayor exigencia de las evaluaciones, como una forma de mostrar mayor rigurosidad y recuperar credibilidad.

Tal vez se subió la exigencia respecto a procesos anteriores, o bien se consideraron factores que antes no se tenían en cuenta. Pero lo cierto es que se envío un proyecto de ley que definía estándares y quitaba arbitrariedad a las decisiones, de manera de resolver cualquiera de las dudas que pudieran plantearse en torno al proceso, pero éste no prosperó. Transcurrió un año en que pudo discutirse si había que hacerle cambios, pero finalmente se optó por seguir igual. En ese escenario, probablemente la CNA intentó realizar su labor de la mejor forma posible, especialmente porque sabía que estaría bajo la lupa de los críticos.

Si queremos evitar que en adelante surjan este tipo de cuestionamientos, desde un lado u otro, que lo único que hacen es dañar la credibilidad del sistema, será necesario hacer cambios en la acreditación: establecer criterios mínimos objetivos que no dejen espacio para interpretaciones, mantener información continua sobre los procesos, y modificar el indicador para hacerlo lo más sencillo y menos incierto posible. Una tarea más para el próximo gobierno, que ojalá cuente con más apoyo.