A continuación reproducimos la columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada hoy en el diario La Segunda:
Se envió el proyecto de ley que establece una Carrera Docente y mayor autonomía para el sector municipal, junto con más exigencias para ingresar a la profesión en todo el sector subvencionado. Se busca alinear responsabilidades y atribuciones, pues el actual Estatuto Docente centraliza las decisiones de contratación, despido y remuneración de profesores, aunque son los sostenedores y directores lo que pueden hacer el mejor diagnóstico y evaluación, y los que deben responder por los resultados de los establecimientos educacionales. Como consecuencia de esto, los docentes no son recompensados por su buen desempeño en el aula, ni tampoco se incentivan las buenas prácticas. La institucionalidad de la educación municipal es la que se rige por el Estatuto Docente, y es por lo tanto la que se ve afectada por la problemática recién descrita.
Los colegios particulares subvencionados, por su parte, no enfrentan este problema, pues tienen un dueño que debe responder por los resultados y que a su vez tiene las atribuciones para gestionar sus recursos, tanto económicos como humanos. Esta autonomía y la debida rendición de cuentas, ha permitido que en promedio obtengan mejores resultados que el sector municipal. Además, no están protegidos de la fuga de alumnos en caso de obtener malos resultados, y en caso de fracaso, deben cerrar. Más aún con la implementación de la Agencia de Calidad, encargada de velar por el cumplimiento de estándares de calidad, y la Superintendencia, que fiscalizará el buen uso de los recursos públicos. No es por lo tanto necesario imponer a sostenedores privados un sistema de evaluación y remuneración centralizado, pues ya hay incentivos para que se tomen voluntariamente medidas que permiten contar con buenos profesores.
En segundo lugar, si las remuneraciones del sector municipal suben, el sector particular subvencionado, que debe al menos adoptar el sueldo mínimo del nivel de desarrollo inicial, de todas formas tendrá que ir más allá si quiere competir por buenos profesores, de lo contrario, los mejores se irán al sector municipal. De esta forma, el aumento de la subvención previsto para financiar las mayores remuneraciones se justifica tanto para colegios municipales como particulares subvencionados.
Sin duda las modificaciones propuestas apuntan en la dirección correcta, pues permiten llevar a cabo una descentralización que hasta ahora estaba pendiente, y lo más importante, permiten que los profesores sean recompensados de acuerdo a su verdadero aporte. Si bien persisten aspectos centralizados, se entiende que este es un proceso gradual hacia la completa autonomía, y no puede darse de forma abrupta. La idea de incluir al sector particular subvencionado en la nueva Carrera Docente en nada ayudaría, sino todo lo contrario, les quitaría libertades y pondría más rigideces justamente donde lo que se está buscando es más flexibilidad.
