Esta semana, la Sala del Senado despachó el proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, conocido como “Escuelas Protegidas”. La iniciativa busca fortalecer la convivencia escolar, resguardar la autoridad docente y entregar herramientas concretas a los establecimientos para prevenir hechos de violencia al interior de los colegios.
Con esto, el proyecto pasa nuevamente a la Cámara de Diputados, que deberá pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por el Senado una vez finalizada la semana distrital de mayo.
Entre los principales aspectos del proyecto de ley destacan los siguientes:
- Revisión regulada de mochilas y pertenencias
Uno de los puntos más debatidos del proyecto fue la posibilidad de que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes, excluyendo sus vestimentas.
La medida busca prevenir el ingreso de objetos peligrosos o utilizados para agredir a otros miembros de la comunidad educativa o dañar la infraestructura escolar. Para ello, el proyecto establece una regulación detallada: las revisiones deberán ser realizadas por personal autorizado y capacitado, en espacios definidos y evitando cualquier contacto físico con el estudiante.
Además, se contemplan resguardos especiales para estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales o condiciones de neurodivergencia, exigiendo acompañamiento profesional y prohibiendo la revisión si el profesional se opone en esas circunstancias.
El texto también regula qué ocurre frente a la negativa del estudiante a la revisión, contemplando la participación de los apoderados y, en última instancia, la intervención de Carabineros o la PDI.
Junto con ello, se faculta expresamente a Carabineros y a la PDI para efectuar registros de vestimentas y efectos personales al interior de establecimientos educacionales, sin orden previa del fiscal, cuando existan indicios de la comisión o preparación de un delito, y sean convocados por el establecimiento educacional.
- Interrupción de clases y convivencia escolar
El proyecto incorpora una definición expresa de los actos que afectan gravemente la convivencia escolar. Entre ellos, se incluyen conductas destinadas a impedir el normal desarrollo de las clases o interrumpir actividades académicas, afectando la continuidad del servicio educativo.
La norma excluye expresamente situaciones involuntarias, desregulaciones emocionales o conductas derivadas de condiciones de salud, discapacidad o neurodesarrollo.
Asimismo, el Senado agregó un reconocimiento explícito del derecho de las comunidades educativas a desarrollar sus funciones en un entorno seguro y respetuoso, señalando que la violencia contra sus integrantes constituye una vulneración grave al derecho a la educación.
- Fortalecimiento de la autoridad docente
La iniciativa también refuerza las atribuciones de los profesores para mantener el orden en la sala de clases. Los docentes podrán adoptar medidas pedagógicas preventivas, correctivas y disciplinarias para resguardar el desarrollo de las actividades educativas y la convivencia escolar.
Estas medidas deberán aplicarse conforme a criterios de proporcionalidad y gradualidad establecidos en los reglamentos internos de cada establecimiento.
El proyecto también reconoce valor probatorio al relato escrito y documentado del profesional de la educación afectado o interviniente, permitiendo fundar medidas inmediatas de resguardo e iniciar procedimientos internos de convivencia escolar.
Además, se obliga a padres y apoderados a comparecer ante citaciones formales realizadas por el establecimiento en casos de violencia escolar o aplicación de medidas disciplinarias.
- Gestión de conflictos y denuncias
En materia de convivencia escolar, el texto prioriza mecanismos colaborativos de resolución de conflictos dentro de los propios establecimientos educacionales, con acompañamiento de la Superintendencia de Educación.
Asimismo, se establecen medidas para desincentivar denuncias infundadas ante la Superintendencia. La autoridad podrá desestimar denuncias manifiestamente carentes de antecedentes y aplicar multas cuando exista falta evidente de fundamento.
- Nuevas consecuencias frente a delitos y agresiones
El proyecto también incorpora consecuencias concretas para quienes cometan delitos en contextos educativos.
Entre ellas, se crea un nuevo criterio de prioridad en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), favoreciendo a estudiantes que no hayan sido expulsados o sancionados por hechos graves de violencia escolar.
Asimismo, se establece como requisito para acceder a la gratuidad en educación superior no haber sido condenado por delitos graves contra las personas o la propiedad cometidos en establecimientos educacionales o sus inmediaciones.
También se contempla una inhabilidad para contratar con el Estado respecto de adultos condenados por agresiones contra profesionales o asistentes de la educación en ejercicio de sus funciones.
Finalmente, los establecimientos podrán suspender el ingreso de apoderados que hayan agredido física o verbalmente a funcionarios o estudiantes, resguardando siempre el derecho a la educación del alumno involucrado.
