La polémica por el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) revela las consecuencias de una promesa que nunca debió hacerse. Durante años se instaló la expectativa de una condonación masiva, pese a que su viabilidad fiscal era más que dudosa. El resultado era predecible: si las personas creen que una deuda será perdonada, muchas dejan de pagarla.
El CAE nunca fue una política de gratuidad universitaria, sino que fue un crédito que permitió a miles de jóvenes acceder a la educación superior, cuando no contaban con los recursos para hacerlo. Como cualquier crédito, implica derechos, pero también responsabilidades.
Hoy más de 550 mil personas mantienen deudas morosas asociadas al CAE y el Estado enfrenta dificultades para recuperar recursos comprometidos. La deuda acumulada supera los $4 billones -equivalente al doble del presupuesto del Ministerio de Seguridad-, cada peso que no se recupera es un peso menos disponible para seguridad, salud, educación o cualquier otra prioridad social.
Para dimensionar la magnitud de esta cifra, equivale aproximadamente a:
- 7 veces el presupuesto de Mejor Niñez
- 100.000 viviendas sociales
- 15 hospitales como el Félix Bulnes (que beneficia a más de 1 millón de personas)
- 2 años del presupuesto del Ministerio de Seguridad
Según la Tesorería, los cerca de 1.500 embargos realizados han recaído principalmente sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3,5 millones mensuales que no cumplieron con sus obligaciones, pese a las campañas de regularización, las reiteradas notificaciones y las facilidades de pago ofrecidas. Más de 30 mil personas, en cambio, sí se pusieron al día.
Por supuesto, si existieran casos de personas embargadas sin haber sido debidamente notificadas, con pagos al día o con convenios vigentes que no fueron correctamente considerados, corresponde que dichas situaciones sean revisadas y corregidas. El respeto al debido proceso y la correcta aplicación de los procedimientos administrativos son condiciones básicas para la legitimidad de cualquier sistema de cobranza.
Sin embargo, esos eventuales errores no alteran el problema de fondo. La verdadera irresponsabilidad no está en cobrar una deuda. Está en haber prometido durante años que desaparecería, generando expectativas imposibles de cumplir y debilitando los incentivos para pagarla.
