En la izquierda chilena ha comenzado a circular la expresión “resistencia estratégica” en boca de diferentes actores. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, definió con ella el momento político durante el XI Pleno del Comité Central de abril de 2026, orientándolo, en sus propias palabras, a “impedir la consolidación del proyecto de la derecha”6. Meses antes, el académico Álvaro Ramis la formuló como misión tras el ciclo electoral, sosteniendo que “preservar organización y vínculos territoriales es ya una forma de resistencia estratégica”7. En febrero de 2026, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, en el video titulado: “(…) sobre la maduración de la izquierda y la resistencia estratégica”, desarrolló la idea de la “resistencia con inteligencia”, entendida como la intención de evitar retrocesos en materia de derechos sociales por medio de la formación de un frente común por sobre las diferencias personales en la izquierda8. El concepto de resistencia estratégica se desarrolla en distintos sectores de la izquierda, pero orientado hacia una finalidad común: entorpecer la actividad del oficialismo.
En materias legislativas, la resistencia estratégica combina la oposición explícita con el consentimiento táctico. Es decir, algunas iniciativas se enfrentan mediante el rechazo abierto, mientras otras se aprueban formalmente para posteriormente neutralizar sus efectos desde dentro del propio proceso institucional. A diferencia de la oposición tradicional, orientada a la alternancia, esta lógica apunta a restringir la acción efectiva del Ejecutivo. Su autoría se distribuye en decisiones menores, cuyo efecto agregado es significativo, pero cuya responsabilidad es difusa. Opera con conocimiento del proceso legislativo, consciente del costo reputacional de un bloqueo abierto. Es la combinación de una intención declarada de neutralizar la agenda sin ofrecer un proyecto alternativo.
Malu Gatto, académica de Oxford dedicada a los estudios latinoamericanos, explica este patrón al mostrar cómo los legisladores consienten reformas en lo formal para luego mitigar su efecto mediante mecanismos técnicos del propio proceso legislativo9. El contexto político del Congreso fragmentado, sumado a una agenda gubernamental ambiciosa, configuran el escenario donde esta lógica encuentra terreno fértil al producir no parálisis, sino condiciones para una forma de poder que se ejerce silenciosamente. Las primeras semanas de tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional exhiben ya sus efectos en lo burocrático/administrativo, con “miles de indicaciones” y llamados al Tribunal Constitucional.
Esta forma de acción política no se sostiene únicamente en la voluntad de quienes la ejercen, sino que requiere una estructura institucional que la haga posible. Esa estructura se encuentra en la figura del colegislador, habitualmente concebido como contrapeso democrático y una expresión de soberanía compartida. Pero que, en un sistema presidencialista con un Congreso fragmentado, su rol formal de distribuir la decisión acuña una segunda naturaleza: habilita un veto descentralizado. El colegislador puede entonces consolidarse como una infraestructura permanente de resistencia que condiciona de forma sistemática la acción gubernamental al reducir la capacidad efectiva del Estado para ejecutar. Esta facultad erosiona la efectividad del régimen político sin generar mecanismos claros de accountability sobre quienes producen el bloqueo. Lo que se debilita no es un gobierno determinado sino el principio de mandato sobre el cual descansa la alternancia.
El Ejecutivo asume el costo político directo de cada iniciativa mientras la oposición, dispersa entre múltiples actores, no se hace responsable por sus actos. En el agregado, esto debilita el principio de mandato, porque el electorado vota un programa, pero este se estanca y entrampa en un sistema que no logra cumplir su función de colegislador. Además, la responsabilidad se diluye en una autoría colectiva difícil de atribuir. Enfrentar esta estrategia exige que las medidas de la oposición se visibilicen: quién pone cuántas indicaciones, en qué tiempos y con qué efecto sobre cada iniciativa. Mientras esa información permanezca dispersa, la resistencia estratégica opera sin costo reputacional para quienes la ejercen y el ciudadano solo ve un gobierno que no cumple, sin poder identificar a quienes impiden que cumpla.
Lo anterior no es un problema exclusivo de este Gobierno, sino un riesgo para la calidad de la democracia chilena. Levitsky y Ziblatt observan que hay deterioro democrático cuando se normaliza el abandono de la “moderación institucional”: la regla no escrita de no usar toda herramienta disponible para bloquear al adversario10. Una oposición que recurre sistemáticamente a indicaciones masivas, requerimientos al Tribunal Constitucional y dilaciones procedimentales, no para deliberar, sino para neutralizar, erosiona exactamente esa norma. Cuando los ciudadanos perciben una brecha entre el rendimiento esperado y lo efectivo de sus instituciones, la desafección crece11. En Chile, donde el Latinobarómetro registra niveles de confianza en el Congreso y los partidos entre los más bajos de América Latina12, la resistencia estratégica aleja al ciudadano de la política como mecanismo legítimo. Las democracias no se sostienen solo en sus reglas formales, sino en la disposición ciudadana a reconocerlas como capaces de resolver los conflictos políticos. Así mueren las democracias contemporáneas, advierten Huntington, Levitsky y Ziblatt13, no por colapso institucional, sino por el desgaste de las normas que las sostienen.
El presente texto corresponde a una sección del Informe de Coyuntura Política N° 47 - mayo 2026
6 Lautaro Carmona, conclusiones del XI Pleno del Comité Central del PC, presentadas en ampliados territoriales (Santiago, Linares, Chillán, Concepción) y difundidas vía Radio Nuevo Mundo, abril de 2026. Disponible en pcchile.cl.
7 Álvaro Ramis, “A pesar de la derrota, persistir con inteligencia,” columna publicada en el sitio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (academia.cl), 15 de diciembre de 2025.
8 Caminando por el desierto. Gazmuri sobre la maduración de la izquierda y la resistencia estratégica. En www.youtube.com.
9Malu A. C. Gatto, Resistance to Gender Quotas in Latin America, Oxford University Press, 2025 (open access). El concepto de “resistencia estratégica” se desarrolla en el capítulo 2 (“Consented defeat. A theory of strategic resistance to gender quotas”).
10 Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, How Democracies Die, Crown, 2018, pp. 97–117.
11 Pippa Norris, Democratic Deficit, Cambridge University Press, 2011, pp. 4–19.
12 Latinobarómetro, Informe 2024. Disponible en www.latinobarometro.org
13 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991, esp. cap. 6.
