INCONGRUENCIAS E INTERROGANTES SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

El pasado martes el Pleno de la Convención votó los artículos propuestos por la Comisión de Derechos Fundamentales relativos al Derecho a la Educación. Si bien la redacción propuesta era algo más mesurada que la original, los artículos discutidos igualmente dejan más interrogantes que certidumbres, producto de las inconsistencias o contradicciones entre si y la inobservancia de la realidad nacional.

Estos y otros motivos llevaron a que el Pleno aprobara únicamente al artículo 15, el cual enuncia el Derecho (establece que el Estado asegura a todas las personas el Derecho a la Educación), pero posteriormente rechazara los siguientes cinco artículos que desarrollan el encabezado. Es justamente en esos cinco artículos donde se centran nuestras preocupaciones, y que esperamos sean devueltos por la comisión con profundos cambios.

A modo de ejemplo, la primera contradicción es el reconocimiento de la libertad de enseñanza y el deber del Estado de respetarla. Si bien es positivo que ésta se reconozca, en la práctica su protección se ve insuficiente pues posteriormente la redacción establece que los docentes tendrán libertad de catedra sin circunscribirlas al proyecto educativo y el deber de las instituciones de contar con una comunidad educativa participativa, la cual gozará de facultades vinculantes. Esta facultad vinculante será aplicable a la construcción del proyecto educativo, en la elaboración, diseño y ejecución de la política educacional tanto local como nacional. Es decir, tendrán la potestad de adecuar el proyecto a los fines propios de la comunidad circunstancial, restando estabilidad al mismo, el cual podrá ser modificado o alterado tantas veces como comunidades sean conformadas, eliminando los resultados educativos a largo plazo.

La segunda incongruencia identificada corresponde al financiamiento de la educación, cuya norma es ambigua, pues si bien no se prohíbe la posibilidad de que el Estado financie a quienes escogen una alternativa diferente a la estatal, el énfasis está en esta última. Así, se establece una vía a través de la cual el Estado deberá -dado que los recursos públicos son limitados- otorgar un trato inequitativo a estudiantes –aún de similares características y necesidades-, según si éstos escogen un establecimiento estatal o uno administrado por un privado, favoreciendo a los primeros en desmedro de los segundos. Sin financiamiento público suficiente, la libertad de enseñanza podría quedar reducida a una simple declaración, mermándose la posibilidad real de que se desarrollen y prosperen alternativas educativas diferentes a la estatal y que éstas estén disponibles para familias de diversa condición socioeconómica.

Esta priorización contrasta con la preferencia de las familias del país, quienes escogen mayoritariamente un establecimiento particular subvencionado, esto es, administrado por un privado pero sujeto a la normativa y financiado con recurso del Estado. Prueba de ello es que un 69% de las postulaciones recibidas por el sistema de admisión escolar indicaron como primera opción la educación particular subvencionada y que, dentro del listado completo de postulaciones, casi la mitad de las familias solo indicó alternativas particulares subvencionadas. En la vereda opuesta, encontramos que sólo 16% seleccionó sólo establecimientos municipales.

Con todo, de no modificarse sustancialmente la redacción actual y de mantenerse los preceptos mencionados, veremos una grave amenaza a la proliferación y continuidad de los proyectos de educación privados y un perjuicio a la mayoría de las familias chilenas que optan por este tipo de educación.