¿CÓMO SE CONFORMA EL NUEVO SISTEMA JUDICIAL EN LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN?

El Pleno de la Convención Constitucional (“CC”) aprobó (de manera que forma parte de a propuesta de nueva Constitución que se someterá al escrutinio de la población en el plebiscito de salida, sin perjuicio de la labor de la Comisión de Armonización) transitar desde un Poder Judicial unificado a múltiples sistemas de justicia que coexistirán y funcionarán en paralelo en nuestro país. En este contexto, existirán dos grandes sistemas de justicia, por un lado, el Sistema Nacional de Justicia y, por otro, se estableció el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, compuesto por múltiples subsistemas en atención a la etnia.

CONSEJO DE LA JUSTICIA

Se crea un nuevo órgano denominado “Consejo de la Justicia”, como un órgano autónomo, “técnico”, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dicho Consejo estará encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia, es decir, no ejercerá ningún tipo de función en los sistemas jurídicos indígenas. En esta línea, actualmente, es la Corte Suprema -principalmente- quien ejerce dichas funciones de “gobierno judicial”, sustrayéndose las referidas atribuciones y radicándolas en este nuevo órgano. Sin embargo, y a pesar de que la intención detrás de la norma sería fortalecer la independencia judicial, el Consejo de la Justicia no estaría cumpliendo el objetivo deseado, dado que, si bien fortalecería la independencia interna de los jueces frente a sus superiores jerárquicos, debilita la independencia externa frente a los demás poderes del Estado.

Por otro lado, el Consejo de la Justicia estará compuesto por 17 integrantes, conforme a la siguiente integración:

8 integrantes serán jueces titulares elegidos por sus pares;

2 integrantes serán funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares;

2 integrantes elegidos por los pueblos indígenas en la forma que determine la Constitución y la ley. Llama la atención que se establezca un órgano plurinacional y con escaños reservados y, al mismo tiempo, se encuentre inhibido de ejercer funciones en los sistemas jurídicos indígenas, existiendo una evidente contradicción en la integración del mismo; y

5 integrantes elegidos por el Congreso, previa determinación de las ternas correspondientes por concurso público, a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública.

Es decir, solamente 8 de los 17 miembros serán jueces. Al respecto, la CC no siguió las recomendaciones de académicos, la Comisión de Venecia, y la propia Corte Suprema en orden a establecer un número superior de jueces o mayoría de jueces en su composición. La experiencia internacional demuestra que un consejo compuesto por una minoría de jueces puede devenir en una captura política, dañando la institucionalidad, al tiempo que no se comprende el establecimiento de escaños reservados.

 SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA

Estará integrado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. En esta línea, se descompone de la siguiente manera:

  • Corte Suprema: se compondrá de 21 jueces y funcionará en pleno o salas especializadas. Sus jueces durarán en sus cargos un máximo de 14 años, sin posibilidad de reelección. Por otro lado, tendrá como función velar por la correcta aplicación del derecho y uniformar su interpretación, así como las demás atribuciones que establezca esta Constitución y la ley. Al respecto, cabe señalar que establecer límite de tiempo al ejercicio del cargo constituye un retroceso en lo que se refiere al principio de independencia e inamovilidad de los jueces. Sobre esto último, la inamovilidad es una garantía consagrada en beneficio de los jueces y de la población que somete sus asuntos contenciosos y no contenciosos a su conocimiento, consistente en que no pueden ser removidos de su cargo mientras observen un buen comportamiento. Es decir, dicho principio garantiza la independencia externa de los tribunales, dado que los jueces pueden fallar con completa imparcialidad sin sentirse compelidos por alguna autoridad o poder del Estado. Adicionalmente, atentaría contra el principio de imparcialidad por cuanto los jueces deberán considerar hacía el término de su periodo en que lugar se reinsertarán laboralmente. Por otro lado, de aplicarse dicho límite temporal además del límite de edad (cesación del cargo al cumplir los 70 años de edad), produciría que 7 de los jueces que actualmente ejercen sus funciones, deban abandonar la Corte Suprema. Por su parte, aplicando el principio de paridad aprobado por la CC, ocasionaría el éxodo de un gran número de jueces que actualmente se encuentran ejerciendo sus funciones, generando incertidumbre en el sistema judicial. 
  • Cortes de Apelaciones: serán órganos colegiados con jurisdicción sobre una región o parte de ella, cuya función principal es resolver las impugnaciones que se interpongan contra resoluciones de los tribunales de instancia, así como las demás competencias que establezca la Constitución y la ley. Es decir, continuarían en funcionamiento las 17 Cortes de Apelaciones que actualmente funcionan en nuestro país. 
  • Justicia Vecinal: la justicia vecinal se compondrá por los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal. Los centros de justicia vecinal son órganos encargados de promover la solución de conflictos vecinales y de pequeña cuantía dentro de una comunidad determinada por ley, en base al diálogo social, la paz y la participación de las partes involucradas, debiendo priorizar su instalación en zonas rurales y lugares alejados de áreas urbanas. Según lo aprobado, los juzgados de policía local (JPL) se entenderán suprimidos en el plazo que establezca la ley que regule los juzgados vecinales[1], la cual deberá dictarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de la Constitución. No obstante ello, la ley podrá establecer mecanismos transparentes, con criterios técnicos y de mérito profesional, para que los jueces y personal de planta de los juzgados de policía local puedan optar a cargos equivalentes en los juzgados vecinales, o sean traspasados a estos, en su caso. 

Al respecto, si bien los juzgados vecinales tendrán una competencia residual, no queda del todo claro qué ocurrirá con las causas que se encuentren en actual tramitación en un determinado JPL. Por otro lado, sólo aquellos funcionarios de planta de los JPL podrán, eventualmente, ser traspasados a los juzgados vecinales, siendo facultativo y no un imperativo, cuestión que generará incertidumbre en un amplio número de funcionarios. Finalmente, cabe preguntarse si los juzgados vecinales requerirán nueva infraestructura, en cuyo caso implica mayor gasto público. 

  • Tribunales de Instancia: serán tribunales de instancia los civiles, penales, de ejecución de penas, de familia, laborales, administrativos, ambientales, de competencia común o mixtos, vecinales y demás que establezca la ley. Es decir, se crean nuevos tribunales, tales como: el de ejecución de penas, los administrativos, los juzgados vecinales y, eventualmente, los que determine el legislador. Por su parte, se aumenta el número de tribunales ambientales de 3 a 16 tribunales, uno por región. Finalmente, si bien aún no se encuentra aprobado por el Pleno, se pretende fusionar una serie de tribunales especiales – los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el Juzgado de Cuentas de la Contraloría General de la República, el Tribunal de Contratación Pública y el Tribunal de Propiedad Industrial- con los tribunales administrativos. Dicha idea debe ser evaluada en su mérito, dado que las materias que conocen son complejas en lo que se refiere a contenido jurídico, pudiendo producir un retroceso en la especialización alcanzada. Respecto de los tribunales administrativos se debe ser cautos con las expectativas, ya que la historia evidencia dos intentos fallidos con el mismo objeto. 

SISTEMAS DE JUSTICIA INDÍGENAS

Conforme a lo aprobado por la CC, no existe ni un capítulo ni un epígrafe que regule los sistemas de justicia indígenas, sino algunas normas breves que los refieren. Sin perjuicio de lo anterior, se estableció que cuando se trate de personas indígenas, los tribunales en general y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. Adicionalmente, se encuentren comprendidos en esta categoría los siguientes pueblos indígenas: (i) mapuche; (ii) diaguita; (iii) aimara; (iv) colla; (v) rapa nui; (vi) kawésqar; (vii) quechua; (viii) yagán; (ix) lickanantay; (x) selk’nam y (xi) chango. Es decir, existirán 11 subsistemas indígenas, un sistema diferente por cada pueblo, provocando un desmembramiento del sistema judicial.

Las normas aprobadas en la materia son altamente deficientes por cuanto no se especificó una organización jurisdiccional, jerarquía, atribuciones, responsabilidades, conflictos de competencia, materias, entre otras consideraciones. Al respecto, la mayor preocupación dice relación con la delimitación de materias, puesto que los subsistemas jurídicos indígenas podrán conocer de la totalidad de ellas, es decir, materias civiles, ambientales, de familia y penales, así como el hecho que no se delimita su aplicación solo a quienes pertenezcan a esa etnia. Las indicaciones que tendían a establecer limitaciones en cuanto a las materias y los sujetos involucrados en estas causas fueron rechazadas por el Pleno. Por otro lado, quienes resolverán dichas materias serán autoridades indígenas; sin embargo, en concreto, no se determinó que tipo de autoridades, requisitos, conflictos de competencia entre las propias autoridades de cada pueblo, límites territoriales y temporales, entre otras consideraciones. Además, el sistema normativo de cada pueblo indígena no se encuentra codificado ni tampoco es conocido por todas las personas, generando incertidumbre con el derecho aplicable al caso concreto.

Finalmente, se estableció que será la Corte Suprema quien conocerá y resolverá de las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena, en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio, en la forma que establezca la ley, pero siempre considerando sus costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas.

[1] Según lo aprobado, en cada comuna del país que sea asiento de una municipalidad habrá, a lo menos, un juzgado vecinal que ejerce la función jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal que no sean competencia de otro tribunal y de los demás asuntos que la ley les encomiende, conforme a un procedimiento breve, oral, simple y expedito.

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