AVANZA EN LA CONSTITUCIÓN NORMA QUE PROMUEVE A LA VIVIENDA DIGNA Y ECOLÓGICA

Ya finalizó la votación en particular del Bloque A, “Medioambiente y Derechos de la Naturaleza”, en la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional. En esta Comisión se votaron normas relativas a diversos temas tales como: crisis climática; medioambiente, biodiversidad, principios de la bioética y bienes naturales comunes; derechos de la naturaleza entre otros relativos a temas ambientales. En total se aprobaron 40 normas, las cuales serán votadas en general y en particular este jueves 3 y viernes 4 de marzo. En particular, se encuentra una norma que promueve la vivienda digna y ecológica, que quedó definida de la siguiente manera:

Artículo 21. (Indicación 241 T.C.) Vivienda digna y ecológica. El Estado reconoce y promueve el derecho a una vivienda digna y ecológica, con pertinencia territorial, indígena y cultural, que permita el buen vivir de sus habitantes en armonía con los ecosistemas.

Será deber del Estado fomentar por medio de políticas, planes, programas u otros, la incorporación de técnicas de construcción de bajo impacto ambiental, que implementen la eficiencia energética, la economía circular, los principios ambientales y otros que establecen esta constitución y las leyes que incentiven a la innovación y el rescate del patrimonio local, como las técnicas de Bioconstrucción.

 

Al respecto, si bien es favorable que el Estado promueva y fomente temas tales como la sustentabilidad ambiental o la pertinencia territorial, se debe tener en cuenta que varios de los términos que se utilizan en este artículo corresponden a materias que debieran ser determinados por el legislador. A su vez, la cantidad y complejidad de los conceptos que se mencionan requieren que sean definidos, para que su interpretación de las prestaciones sea la adecuada y no obstaculice el desarrollo de proyectos habitacionales.

Precisamente, respecto a vivienda digna y ecológica, sería necesario que se configure un marco normativo concreto, a nivel legal, que entregue certeza jurídica para que la comunidad comprenda lo que se refiere por ello. Algunos conceptos aplicables a este fin, se encuentran y debieran ajustarse a otros términos que ya se utilizan en la planificación urbana o la normativa técnica. También se debe tener en cuenta que lo que se entiende por vivienda digna puede evolucionar dependiendo del desarrollo de las mismas ciudades. Por ello, es necesario que la normativa que genere el legislador sea acorde a los requerimientos contingentes.

Asimismo, y dado que existe un déficit que supera las 400 mil soluciones habitacionales, se debe tomar en cuenta que existen recursos limitados que requieren ser utilizados para un número importante de familias. Precisamente, para moderar las expectativas que puede generar este derecho, es necesario que se explicite que existe un presupuesto acotado para avanzar en esta materia.

Finalmente, es importante recordar que esta nueva Constitución debiera resaltar el rol de un Estado responsable de fomentar las condiciones y de establecer las normativas necesarias para hacer efectivo el promover el derecho a la vivienda, sea que éste se otorgue a través de instituciones públicas o privadas. Manifestando una especial preocupación por quienes no pueden financiar su vivienda propia por tener menos recursos.

A pesar de lo discutido en esta Comisión, se debe tener en cuenta que la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención también está tratando la temática del derecho a la vivienda, donde se espera que dentro de las próximas semanas se discuta y vote en particular. Al respecto, hay ciertas normas que preocupan, como aquella que regula la función social y ecológica de la propiedad del suelo, que establece como obligación del Estado garantizar la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada; establecer reglas de ocupación, uso, proceder a expropiaciones y limitaciones de dominio que resulten necesarias para garantizar el derecho a la vivienda, entre otras, siendo incierto el futuro que tome el tema de vivienda en la nueva Constitución.