La semana pasada el Pleno de la Convención Constitucional (“CC”) votó –en particular— una serie de normas que dicen relación con los principios de la jurisdicción. Al respecto, se aprobaron un total de 9 principios, ya sea total o parcialmente, los cuales pasarán a formar parte de la propuesta de nueva Constitución (sin perjuicio de los ajustes que pueda realizar la Comisión de Armonización de la CC la que, en todo caso, no puede alterar su contenido sustantivo). Sin perjuicio de lo anterior, analizaremos aquellos que generan mayor preocupación.

En primer término, se aprobó el principio de independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad, señalando que los jueces que ejercen jurisdicción son independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad, debiendo actuar y resolver de forma imparcial. En esta línea, se determinó que la función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley, de manera que ningún otro órgano del Estado, persona o grupo de personas, podrán ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. Asimismo, se estableció que los jueces no podrán desempeñar ninguna otra función o empleo, salvo actividades académicas en los términos que establezca la ley, y tampoco podrán desempeñar algún tipo de función administrativa ni legislativa alguna. Finalmente, se prohibió que los jueces puedan militar en partidos políticos. La norma en comento, no obstante, olvida que, para garantizar la imparcialidad resulta necesario que los jueces fallen conforme a derecho, o bien, apegado a la ley, cuestión que no quedó comprendida en el referido texto. Por otro lado, se eliminó el fuero constitucional de los jueces, debilitando la independencia judicial, aun cuando en la discusión se aseguró que esto sería previsto en las normas a ser contempladas en los informes de los bloques restantes de esta comisión. El fuero tiene por objeto impedir demandas o acciones que carezcan de fundamento, con el objeto de que, al momento de conocer un asunto determinado, los jueces puedan resolver con completa independencia, sin estar compelidos con una eventual acción en su contra. Lo anterior, en ningún caso deviene en impunidad, sino que es una manera de prevenir demandas infundadas. Por otro lado, resulta positivo que el ejercicio de la jurisdicción sea exclusivo de los tribunales establecidos por ley, quedando zanjado que en materia indígena no podrá ser ejercido por una autoridad determinada, o bien, un órgano anexo a la función jurisdiccional.

En segundo lugar, se aprobó el principio de tutela jurisdiccional efectiva, mediante el cual todas las personas tendrán derecho a requerir de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, de manera oportuna y eficaz conforme a los principios y estándares reconocidos en la Constitución y las leyes. Si bien la norma se estructura de buena manera, se refiere expresamente a “estándares”, los cuales hasta el momento no han sido conceptualizados ni tampoco se ha establecido un catálogo de ellos, de manera que al día de hoy podría resultar una norma vacía. Por su parte, desde un punto de vista comparado, los estándares tampoco han sido catalogados, siendo, por tanto, indeterminados.

En tercer término, se aprobó el principio de gratuidad, el cual permitirá que el acceso a la función jurisdiccional sea gratuito, sin perjuicio de las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por la ley. Por otro lado, se determinó que la justicia arbitral será siempre voluntaria y la ley no podrá establecer arbitrajes forzosos. La eliminación de los arbitrajes forzosos constituye una mala señal por cuanto la naturaleza de las materias, esto es, controversias de carácter técnico, hacen dilatar la resolución de conflictos a los tribunales ordinarios. Por ejemplo, controversias al interior de sociedades anónimas y con compañías de seguros, deberán trasladarse a la justicia ordinaria, atochando el sistema judicial. Por otro lado, cabe destacar que si bien existen hoy en día materias cuya resolución es a través de arbitraje forzoso, ello nada impide el uso del equivalente jurisdiccional de la “transacción” para solucionar directamente el asunto.

En cuarto lugar, se aprobó el principio de responsabilidad jurisdiccional, el cual establece que los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, y, en general, por toda prevaricación, denegación o torcida administración de justicia. Por su parte, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Este principio se traduce en que los jueces deben responder por las actuaciones ilegales que realizaren en el ejercicio de sus funciones. En este contexto, el principio de responsabilidad es un complemento necesario de la inamovilidad, pues garantiza que el juez inamovible se sujete a las leyes en el ejercicio de sus funciones, so pena de incurrir en responsabilidad.

En quinto término, se aprobó el principio de paridad y perspectiva de género, mediante el cual, todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deberán garantizar la igualdad sustantiva. En esta línea, el Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Adicionalmente, los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. A nuestro juicio, delimitar el resultado de una controversia de relevancia jurídica a través de diferentes perspectivas o enfoques, no hace más que distorsionar dicho resultado, debilitando la imparcialidad. Lo cierto es que el juez debe fallar conforme a derecho. Por otro lado, cabe preguntarse si dicho principio aplicará para todas las materias por cuanto existen un sin número de ellas que no se tiene claridad, como, por ejemplo, una acción reivindicatoria, un juicio ejecutivo, un juicio de arrendamiento, entre otras. Por su parte, establecer como criterio la paridad en todos los órganos de la jurisdicción resulta un desacierto, por cuanto debe primar un criterio técnico. En este contexto, se deben privilegiar aquellos candidatos idóneos para el cargo, estableciendo requisitos objetivos para ello y un procedimiento reglado para su designación, sin atender a un género, de manera que dicho criterio atentaría en contra del buen desenvolvimiento del sistema judicial. Adicionalmente, la paridad es contraria a la igualdad ante la ley, dado que el criterio solamente opera en favor de la mujer. Supongamos que un determinado tribunal debe estar compuesto por 6 jueces, de los cuales 5 son hombres y 1 es mujer. En dicho caso, aplicando el criterio de paridad, el tribunal deberá quedar compuesto por 3 hombres y 3 mujeres. Ahora bien, si ocurre lo contrario, es decir, los seleccionados fueron 5 mujeres y 1 hombre, el tribunal seguirá compuesto de la misma manera, puesto que la paridad solamente opera en favor del género femenino, constituyendo un criterio arbitrario.

Finalmente, existen otros principios que fueron rechazados por el Pleno de la CC. En concreto, el Pleno rechazó –en general— el principio de inamovilidad y la ejecución de las resoluciones, de manera que la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, debió emitir un segundo informe de reemplazo en la materia, cuyo contenido corresponde a los dos principios mencionados precedentemente, lo cual deberá ser zanjado por el Pleno de la CC. Por otro lado, la referida comisión, debió evacuar una segunda propuesta de norma constitucional al Pleno de la CC, respecto de aquellos principios que fueron rechazados en particular por parte del Pleno en su oportunidad. Se trata en aquel caso de los principios de pluralismo jurídico, inexcusabilidad e indelegabilidad, fundamentación y lenguaje claro, plurinacionalidad e interculturalidad, además de la conceptualización de la función jurisdiccional.