La Coordinadora del Programa Social de LyD, María Paz Arzola, cerró este martes su participación en el panel de expertos para realizar mejoras a la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH), haciendo entrega del informe final de recomendaciones a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar. El panel, que trabajó desde el mes de agosto de 2020, fue conformado por 9 especialistas[1] de diversas instituciones y, aunque había sido convocado previo a la pandemia, la experiencia en torno a ésta le permitió verificar una serie de aprendizajes relativos al uso de estos instrumentos, los que han sido recogidos en el informe que hoy concluye.
En cuanto a las recomendaciones realizadas por el panel, destaca, primero, lo relativo a mejorar el dato de composición de los hogares y reducir los incentivos a alteraciones fraudulentas. La experiencia reciente sugiere la existencia de comportamientos oportunistas que no sólo atentan contra la eficiencia del gasto público, sino también con la equidad en el trato que el Estado otorga a hogares en similar condición. Al ser éste un dato no susceptible de verificación, el panel recomienda avanzar hacia un registro único que dificulte la alteración en vistas a la obtención de un determinado beneficio. Del mismo modo, propone que este problema no sólo se aborde mediante herramientas y mecanismos propios del RSH, sino también evitando inducir comportamientos fraudulentos debido al diseño de los programas sociales que se otorgan por medio de la CSE.
En segundo lugar, destacan las recomendaciones que tienen por objeto mejorar los tiempos de actualización de los datos del RSH y de cálculo de la CSE. La pandemia dejó en evidencia la importancia de poder identificar de manera oportuna la situación de los hogares que postulan a los beneficios del Estado. Y si en esta oportunidad excepcional se estuvo dispuesto a rebajar ciertos estándares con tal de no dejar fuera a nadie que lo requiriera, aunque ello significara beneficiar simultáneamente a quienes no habían visto una caída en sus ingresos, ello no puede ser una política permanente y los instrumentos de focalización deben funcionar correctamente. Es por ello que las propuestas del panel para avanzar en la incorporación de nueva data administrativa, de mejorar los procesos de verificación de la información auto reportada por los hogares y de otorgar a los organismos a cargo un rol más activo en promover la entrega de información fidedigna, constituyen una contribución muy importante que debiera permitir dar más fiabilidad a estos instrumentos y a las decisiones que se toman en virtud de ellos.
Por último, y en esa misma línea, se realizan recomendaciones relativas a la coordinación del instrumento de focalización con la oferta de programas sociales, pues es por esa vía que se puede mejorar la efectividad de la política social, así como la opinión que el ciudadano tendrá de ella.
[1] En orden alfabético: Andrea Repetto (Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez), Claudia Martínez (Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile), Claudia Sanhueza (Centro de Economía y Políticas Sociales, Universidad Mayor), Cristóbal Huneeus (Consultora Unholster), Ignacio Irarrázaval (Centro de Políticas Públicas, Pontificia Universidad Católica de Chile), Javiera Troncoso (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD), Jorge Fantuzzi (Consultora FK Economics), María Paz Arzola (Libertad y Desarrollo), María Pía Martín (Universidad de Chile y Fundación para la Superación de la Pobreza).
