El pasado 9 de septiembre se cumplió un año desde el ingreso del proyecto de ley que pretende establecer el derecho a la portabilidad eléctrica al Congreso Nacional. Durante los primeros meses, la iniciativa figuraba de manera constante como tema a tratar por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, corporación donde se radicó el proyecto. Sin embargo, y pese a la decena de invitados que concurrieron a dicha comisión a exponer sobre la iniciativa, el proyecto de ley no ha logrado ningún avance significativo, aun cuando se prevén consecuencias positivas para los clientes finales.

En este contexto, el proyecto de ley, en términos generales, tiene por objeto otorgar el derecho a todos los usuarios del sistema eléctrico nacional a elegir a su suministrador de energía eléctrica, posibilitando la segmentación tarifaria a través de tarifas diferenciadas o comercialización focalizada de energías renovables. Lo anterior se realiza mediante la desintegración del segmento de distribución de energía eléctrica, dejando el negocio de redes en la distribuidora y la venta de energía a un nuevo agente denominado comercializador. Asimismo, los comercializadores podrán aprovechar las instalaciones ya efectuadas por las distribuidoras, como, por ejemplo, líneas áreas o subterráneas y obras anexas.

Al respecto, cabe preguntarse ¿Es beneficioso liberalizar el segmento de la comercialización?

Actualmente, la distribución comprende tanto el negocio de infraestructura de red de distribución a usuarios finales, como la venta de energía. De esta forma, el proyecto propone la desintegración del segmento de distribución de energía eléctrica, dejando el negocio de redes en la distribuidora y la venta de energía a un nuevo actor, denominado comercializador.

En efecto, la competencia en el mercado de comercialización entrega al consumidor final la posibilidad de escoger a quién compra electricidad. Responsabilidades típicas de un comercializador incluyen lecturas de medidores, facturación, recolección y servicio al cliente. En teoría esto lo hace compitiendo con otros comercializadores y cada empresa define un precio. Claramente cualquier cambio de política debe impulsarse solo si los beneficios son mayores que los costos asociados. Al respecto, la teoría económica sugiere que el unbundling o desagregación vertical es preferida a la integración cuando no existen ganancias importantes en eficiencia por la fusión. Las ganancias potenciales de introducir al comercializador se explican por los costos del sistema. El sistema eléctrico considera cuatro áreas principales de costos: los asociados a la generación, transmisión, distribución y servicios al cliente. Los costos operacionales asociados a las tres últimas componentes pueden considerarse en gran medida fijos. Por el contrario, los costos de generación pueden variar fuertemente en el tiempo, en atención a la ubicación y disponibilidad de fuentes primarias. La idea es que el comercializador reduzca los costos de la transacción requeridos para hacer que la oferta conozca a la demanda y que esta última responda a señales de precios. El comercializador tiene el potencial de tener un buen negocio y de igual manera, reducir los precios del sistema.

Así las cosas, los comercializadores comenzarán a competir entre sí por clientes. De esta manera, deberán ofrecer mejores condiciones de servicio y precios, con el objeto de imponerse en el mercado. Adicionalmente, su incorporación permite acrecentar la participación de las energías renovables sin necesidad de establecer cuotas, o bien, subsidios para aumentar la demanda. En este contexto, el cambio de estructura permitiría reflejar de mejor manera las interacciones entre oferta y demanda dado que, actualmente, al existir un precio fijo o constante, conlleva la ineficiencia del sistema sin poder distinguir entre tipos de clientes, demanda, fluctuaciones horarias, etc.

De esta forma, la incorporación del comercializador permitiría, por un lado, la disminución en los precios de la energía eléctrica para aquellos consumidores regulados y, por otro, que la oferta de servicios asociados al suministro aumente. La experiencia internacional demuestra ventajas importantes al desintegrar el segmento de distribución pues los comercializadores competirán entre sí con el objeto de atraer el mayor número de usuarios, ofreciendo mejores precios y calidad del servicio, mejores productos y utilizando de mejor manera la tecnología para lograr la diferenciación entre ellos. De esta manera, los comercializadores buscarán realizar de manera eficiente su labor por la vía de dar valor agregado al consumidor. A modo de ejemplo, en Noruega donde se introdujo la figura del comercializador, los usuarios finales se han beneficiado de las ofertas del comercializador, materializándose en una huida desde contratos basados en precios fijos a contratos basados en precios spot. Por su parte, en Colombia, los comercializadores se han introducido en mercados no regulados, obligando a las distribuidoras a hacer más eficientes con el objeto de no perder a sus clientes.

En consecuencia, llama la atención el escaso interés por parte del Congreso Nacional de tramitar la referida iniciativa, si bien el proyecto es perfectible en ciertos aspectos, las modificaciones se encuentran bien orientadas, permitiendo asegurar la entrada de nuevos actores y competidores al mercado, aprovechando instalaciones, acorde a la nueva tendencia internacional. A mayor abundamiento, el segmento de distribución no ha sido objeto de reformas estructurales, manteniendo su misma estructura desde su origen. De esta forma, se requieren marcos regulatorios más flexibles, que permitan habilitar la entrega de más y mejores servicios a los usuarios, así como también fomentar el desarrollo de nuevos mercados que permitan su liberalización.