Con el objetivo de delinear políticas públicas para reactivar la economía en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por Covid-19, que se sumó a las consecuencias del estallido de violencia de octubre pasado, LyD revisó 10 agendas pro crecimiento elaboradas previamente[i] y seleccionó 40 iniciativas que ayudarían a estimular la inversión privada y acelerar la inversión pública, aumentar la participación laboral y la productividad.
Muchas de las agendas evaluadas contienen varias medidas que, pese a contar con proyectos de ley elaborados, no han podido avanzar en el Congreso ni implementarse. En efecto seis[ii] de estas iniciativas se encuentran estancadas en el Congreso.
Las propuestas contenidas en agendas previas se seleccionaron con la óptica de abordar el aumento de la capacidad de crecimiento de manera sostenida acorde con la actual realidad. Hay coincidencia en cuáles son los principales desafíos para lograrlo y han persistido a lo largo del tiempo. Las agendas previas contienen una serie de propuestas que abarcan una parte muy significativa de estos espacios. Estas propuestas incluyen proyectos de ley listos para mandar al Congreso, reglamentos en proceso y varios proyectos de ley ya en trámite parlamentario que no han logrado avanzar.
Dichas propuestas fueron agrupadas en cuatro líneas de acción relevantes para la situación actual: reducción de la burocracia (simplificación de permisos y trámites), modernización del marco regulatorio para facilitar el uso de nuevas tecnologías, mejorar la formación y capacitación e impulsar la infraestructura.
En materia de reducción de la burocracia las principales propuestas son modernizar la administración de terrenos de bienes nacionales para uso productivo ofrecidos de manera eficiente, competitiva y transparente bajo la modalidad de licitación o ventas; revisar la ley Lafkenche para lograr mayor certeza jurídica, trámites de concesiones marítimas y acuícolas más expeditos y un uso productivo eficiente del borde costero; fortalecer el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), como pieza fundamental del proceso de inversión, tal que se mejore la gestión y plazos del proceso, se mantenga la evaluación en instancias meramente técnicas y se fortalezca la estabilidad y certeza jurídica a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA); sistematizar un proceso de revisión regulatoria a nivel sectorial que permita actualizar la normativa en función de su eficacia y eficiencia en sectores claves de la economía; mejorar la gestión de los servicios públicos involucrados en la entrega de permisos; establecer plazos normativos para el otorgamiento de cada permiso por parte del servicio que los otorga y mecanismos para asegurar que se cumplan; permitir revisores/colaboradores externos independientes y acreditados por los servicios para absorber la demanda excesiva que sean costeados por el proponente, tal que permitan agilizar los plazos de otorgamiento de permisos sin mayor costo fiscal; establecer claros requisitos ex ante para solicitar el permiso y un mecanismo de rechazo anticipado en caso que no se cumplan esos requisitos, y un número máximo de iteraciones de manera que se incentive la correcta solicitud de los permisos por parte del titular del proyecto; cambiar el énfasis de los permisos desde la prevención a la sanción en proyectos que tienen dos etapas; rediseñar los procedimientos de tramitación de permisos según los distintos niveles de riesgos asociados a cada tipo de proyecto con exigencias que sean acordes a los riesgos y establecer sistemas de declaración para permisos de riesgo bajo donde se prescinda de visita a terreno, exista revisión remota de la autoridad para autorización y se definan parámetros claros para fiscalización; regular expresamente la aplicación de la invalidación por parte de la administración sin desconocer la actuación del titular de buena fe, reconociendo que la administración siempre tendrá la facultad de invalidar un permiso en aquellos casos en que el daño que se genera al conservar el acto es irreparable y que los afectados de buena fe, sean titulares o comunidad, tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado; clarificar los criterios de evaluación, mediante reglamentos, protocolos o guías de carácter público, de los distintos permisos necesarios para los proyectos relativos a hallazgos arqueológicos, uso de suelos rurales, calificación industrial de terrenos urbanos, autorizaciones sanitarias, entre otros; digitalizar los permisos relevantes para proyectos de inversión, tal que opere como ventanilla única con una tramitación más ágil y transparente; actualización de la plataforma para crear empresas en un día, mediante “Tu empresa en 1 día 2.0” para incorporar todos los trámites necesarios para iniciar una empresa, integrando a la plataforma distintos trámites con instituciones públicas y privadas que hoy en día el emprendedor debe hacer presencialmente; y digitalización de trámites municipales a través de alianzas público-privadas potenciando la Plataforma de Servicios Municipales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y abarcando la mayor cantidad de trámites posibles incluyendo permisos que tengan relación con la creación y operación de negocios.
En cuanto a la modernización del marco regulatorio, se releva el que debido a los meses de distanciamiento social se han instalado nuevas modalidades de operación en distintas actividades (teletrabajo, telemedicina, teleeducación, etc.). Estos cambios requieren de adaptaciones de las regulaciones para hagan posible su funcionamiento.
Es por ello que se plantea: adecuar las regulaciones en razón de los avances continuos de las nuevas tecnologías, convergiendo hacia las mejores prácticas internacionales con estándares OCDE; modernizar la firma electrónica avanzada; medios de pago electrónicos: realizar las adecuaciones tecnológicas y de modelo de negocios necesarios para lograr implementar el modelo de cuatro partes y aumentar la competencia; impulsar la innovación simplificando el proceso de postulación y la acreditación de capacidades de la empresa que postula proyectos I+D; mejorar el marco legal de reorganización de empresas para reducir costos y tiempo de trámites del proceso para facilitar la reorganización de empresas viables con problemas transitorios; autorizar la publicación digital de actos que por regulación deban ser publicados en diarios físicos de circulación nacional, regional y local; modernizar el sistema notarial tal que permita mayor competencia, reducir la cantidad de trámites que requieren constancia notarial y aprovechar los desarrollos tecnológicos para realizar trámites de manera remota y más eficiente sin poner en riesgo la seguridad jurídica de los actos; mejorar la eficiencia en el proceso de inscripción y estudio de títulos de bienes raíces por parte de los Conservadores de Bienes Raíces a través de un registro consolidado por inmueble; contar con un marco regulatorio que permita la adecuada protección de datos y mecanismos de resguardo en cuanto a la ciberseguridad dado el mayor número de personas conectadas, actividades por vía digital y la mayor cantidad de datos que fluye por las redes; y regular las Fintech tal que se estimule la innovación financiera tecnológica con el objetivos de lograr mayor competencia, inclusión financiera y mayor disponibilidad de productos y servicios con los resguardos adecuados.
Para mejorar la formación y capacitación, tomando en cuenta que la crisis sanitaria ha aumentado el número de personas sin trabajo y va a exigir a muchas personas reconvertirse y buscar nuevas oportunidades, se recomienda fortalecer el sistema de enseñanza técnico profesional: reformular el Servicio Nacional de Capacitación (SENCE); aumentar la flexibilidad horaria para incorporar a mujeres, jóvenes y adultos mayores y puedan pactar horarios que se adapten a las distintas realidades compatibilizando el trabajo con otras actividades; aumentar las habilidades digitales mediante cursos de programación para estudiantes de educación básica y media y cursos de habilidades digitales para adultos e inserción laboral posterior; programas de aprendizaje de idiomas; y mejorar la legislación de Migración y Extranjería, incorporando medidas para fomentar la atracción de conocimiento y capital humano.
Finalmente, en cuanto a infraestructura y logística, se plantea acelerar proyectos de inversión pública en infraestructura que están en carpeta, destrabando los que tienen retrasos en su tramitación e iniciar su ejecución; fortalecer el sistema de concesiones para activar obras para mejoramiento de la capacidad vial, de obras que incluyan ampliación de capacidad y obras complementarias para modernizar la infraestructura existente agregando tecnología para mejorar la eficiencia, la seguridad y la calidad de servicio al usuario; revisar la ley del Fondo de Infraestructura para eliminar restricciones que permitan que opere como vehículo para administrar concesiones de obras públicas y potenciar nuevas inversiones en Infraestructura; acelerar el desarrollo de la infraestructura necesaria para mejorar la disponibilidad y seguridad del abastecimiento hídrico; impulsar el ingreso de iniciativas privadas de concesión de obras públicas, a través de un procedimiento más expedito y con mayor certeza para los proponentes en términos de plazos, reembolsos de gastos incurridos y mejores premios a proponentes; agilizar desplazamientos de servicios de utilidad pública en la faja fiscal para Obras de Infraestructura con un nuevo procedimiento (sanitarios, telecomunicaciones, eléctricos, gas), para evitar retrasos en ejecución de obras públicas, estableciendo plazo para la ejecución de cambio y multas crecientes en casos de retrasos; perfeccionar la metodología de evaluación social de proyectos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y agilizar sus procedimientos; y facilitar instalación de infraestructura de telecomunicaciones en espacios públicos a través de licitaciones para abordar la necesidad de mayor infraestructura de telecomunicaciones que se verá acentuada con el inminente desarrollo de la red 5G, que implicará duplicar el parque de antenas.
[i] Agenda de Impulso Competitivo y Agenda Pro Inversión elaboradas durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera (2010-2014); 95 propuestas para un Chile mejor (Res Publica); Agenda de Productividad, Inversión y Crecimiento y Agenda de 22 Medidas para Impulsar la Productividad presentadas durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet (2014-2018); priorización de medidas de productividad existentes en agendas previas de los últimos cuatro gobiernos que hizo la Comisión Nacional de Productividad (2016); Iniciativas para Mejorar la Productividad planteadas desde el sector privado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) el año 2016; Revisión Regulatoria que hizo la Comisión Nacional de Productividad (2019); + 100 Propuestas por un Chile Mejor (2018) y Agenda de Reimpulso Económico del segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera (2019).
[ii] Proyectos de ley relativos a la firma electrónica; el que busca autorizar la publicación digital de actos que por regulación deban ser publicados en diarios físicos de circulación nacional, regional y local; proyecto de ley de Reforma a los Notarios; el que busca mejorar la eficiencia en el proceso de inscripción y estudio de títulos de bienes raíces por parte de los Conservadores de Bienes Raíces; protección y el tratamiento de los datos personales; mejora de la legislación de Migración y Extranjería;
