SUSPENSIÓN DE ARANCELES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Una de las primeras medidas tomadas frente al rápido avance de la propagación del Coronavirus fue la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos, lo que ha forzado a recurrir a métodos alternativos de enseñanza para dar continuidad a los estudios. Si bien las instituciones de educación superior en su mayoría han logrado mantener la entrega de las prestaciones educacionales, algunos estudiantes han tenido que enfrentar otro problema: dificultades en el pago de los aranceles con ocasión de la crisis económica derivada de la pandemia.

A raíz de ello, un grupo de diputados de oposición presentó un proyecto de ley (Boletín N° 13.378-04, de fecha 27 de marzo de 2020) que buscaba obligar a las instituciones de educación superior a suspender el cobro de los aranceles estudiantiles mientras se encuentre vigente el presente estado de excepción constitucional de catástrofe. Sin embargo, tal como estaba planteado, y así lo hicieron ver las distintas instituciones que fueron a exponer la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el proyecto original suponía un riesgo grave de desfinanciamiento de las universidades, tanto estatales como privadas, siendo las más afectadas las instituciones no adscritas a gratuidad, en las cuales gran parte de sus ingresos provienen del cobro de aranceles.

Es por ello por lo que en la discusión en particular de la iniciativa la referida comisión desistió de la idea de empujar una suspensión generalizada del cobro de los aranceles y, en cambio, se recurrió a una flexibilización de la forma en que debe dirigirse la ayuda por parte de las instituciones, focalizándolas en aquellos alumnos cuya situación económica se haya visto menoscabada en razón de la pandemia. Así, se acordó  que las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias a fin de apoyar la continuidad de la formación de sus estudiantes, que debe incluir, a lo menos, medidas económicas y académicas, haciendo especial énfasis en los estudiantes que acrediten ante ella el menoscabo de su situación económica, como, por ejemplo, la pérdida de empleo; lo que va en línea con las iniciativas que voluntariamente ya han tomado un número importante de instituciones.

Ante esto, Trinidad Schleyer, abogada del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, afirmó que "Este cambio constituye un giro positivo, en la medida que faculta a cada establecimiento autónomamente diseñar el plan de medidas extraordinarias, en vez de imponer por ley una solución general que iba a terminar por generar problemas estructurales; y al mismo tiempo, permite enfocar los apoyos en quienes lo requieren, sin afectar la continuidad del proceso educativo o el pago de las remuneraciones del personal de la institución".

Sin embargo, y sin dejar de destacar el aspecto positivo ya mencionado, otras de las normas consensuadas dejan serias dudas respecto a su conveniencia. Así, se señala que las instituciones no podrán aplicar sanciones por el incumplimiento del pago del arancel y matrícula o condicionar la prestación del servicio a los estudiantes que se hayan acogido al plan de apoyo, sin especificar que esto sólo estará acotado al tiempo que dure la pandemia o al tiempo que hayan acordado la universidad con la familia o estudiante del caso, lo que podría dejar de manos atadas a las instituciones en los casos en que los estudiantes no cumplan a futuro con las nuevas condiciones de pago a las que se hayan acogido; o, también, que ante la solicitud de congelar el semestre las instituciones no puedan establecer cargos, lo que  podría producir desajustes en los presupuestos de las casas de estudio, en la medida que se trate del financiamiento de servicios educativos que ya han sido entregados o bien cuya planificación es anual y no mensual.

Por último, y siendo derechamente inadmisible por no tener los diputados iniciativa en materias que impliquen gasto fiscal, se aprobó una indicación que abre este año un nuevo plazo para postular a la gratuidad, lo que podría significar para el Estado un gasto adicional de 132 millones de dólares[1], una suma de dinero importante frente a la escasa disponibilidad de recursos con los que el Estado cuenta para hacer frente a las múltiples necesidades en medio la crisis que atraviesa el país. Más allá de lo anterior, surge la duda respecto a la utilidad de dicha medida en relación a los alumnos cuyos ingresos familiares se encuentran disminuidos en razón de la pandemia, toda vez que el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) utilizado para postular a la gratuidad se basa en información familiar a 12 meses[2], por lo que los datos de un solo mes o de dos serían insuficientes para mostrar una rebaja de su situación, y, por lo tanto, permitirles calificar para el beneficio. Schleyer explica que "en ese contexto, es importante distinguir entre estudiantes con dificultades permanentes de financiamiento y entre quienes están viendo perjuicios circunstanciales".

Por ahora está en discusión si esta iniciativa debe ser conocida por la Comisión de Hacienda, posición que es sostenible al considerar que dicha comisión debe conocer los artículos de los proyectos de ley que tengan incidencia en materias presupuestarias. Es de esperar que en esta Comisión y en la votación en la Sala se continúe con esta vía de mayor flexibilidad y entendimiento entre instituciones y alumnos, pero se enmienden las disposiciones conflictivas.

 

 

 

[1] Monto señalado por el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con fecha 13-05-2020.

[2] Para la postulación al proceso de Gratuidad 2020, para calcular el promedio mensual de ingresos de 2018 y 2019, se debía usar al siguiente cálculo: para obtener el ingreso mensual correspondiente a 2018 se debían sumar los ingresos brutos menos los descuentos legales de cada mes de dicho año y dividirlo por 12; para calcular el promedio de 2019, se debía sumar los ingresos brutos, menos los descuentos legales, y dividir el monto por 9, si se completaba FUAS en octubre. Ambos resultados debían ser ingresados en la casilla del formulario que correspondiera.

Disponible en https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/doc/Manual-de-Inscripcion-FUAS-2020.pdf.