El año 1997 se promulgó la ley JEC, que estableció la extensión obligatoria de la jornada escolar para todos los establecimientos educacionales del país. Casi 20 años después, hay todavía un 31% de los establecimientos que no se ha logrado adecuar a ella, y a pesar de los miles de millones de pesos invertidos, las pocas evaluaciones de esta política pública muestran que ha tenido un efecto nulo en el aprendizaje de los alumnos.

El año 2007, en tanto, se aprobó la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que dispuso la entrega de una subvención adicional a los colegios que recibieran a los alumnos pertenecientes a los hogares con más bajos ingresos del país. La ley estableció además una mayor regulación en cuanto a su uso, aunque los establecimientos de mejor desempeño tendrían mayor libertad a la hora de disponer de ellos.

A diferencia de la JEC, la SEP fue una política que no se aplicó a rajatabla, sino que dejó en manos de los colegios la decisión de adherir o no a ella, según si situación particular. Hoy por ejemplo, de cada 5 alumnos, 1 asiste a un establecimiento que optó legítimamente por no suscribir a ella. Asimismo, la Ley SEP permite –al menos en el papel- diferenciar el grado de intromisión del Estado según si los establecimientos demuestran o no la capacidad de gestionarse bien sin su ayuda. La JEC, en cambio, ignoró las distintas necesidades de los alumnos y sus escuelas, y estableció una política única y pareja para todos.

Las lecciones que nos dejan tanto la SEP –cuyas evaluaciones han sido en general positivas- como la JEC, debieran servir para retroalimentar las futuras decisiones y para diseñar las nuevas reformas. Por ejemplo, para el proyecto de ley de desmunicipalización que se discute en el Parlamento. Éste establece el traspaso de todos los colegios municipales, independiente de su situación y sus resultados, a nuevos organismos que nadie garantiza tendrán mayores capacidades. Por el contrario, el excesivo centralismo bajo el cual éstos funcionarían y la reticencia a entregar más autonomía a los establecimientos –tal como sugiere la experiencia internacional-, hacen de este proyecto una mala idea, que peor aún, el Gobierno busca aplicar a todos por igual.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en Pulso.-