Con la destitución de la rectora de la futura universidad de Aysén, tomó fuerza en la discusión pública la defensa de la autonomía universitaria. Aunque en este caso el concepto no aplica –pues en rigor ésta no es aún una universidad, sino un proyecto; no tiene siquiera estatutos, alumnos, docentes, clases, ni la facultad para entregar títulos- la contingencia invita a revisar el porqué de la autonomía en un sistema de educación superior.

Primero, sin autonomía no hay diversidad. El que cada institución pueda llevar a cabo un proyecto educativo propio es requisito esencial para la construcción de un sistema de educación superior diverso, capaz de ofrecer alternativas acordes a las demandas de una población heterogénea.

Segundo, la diversidad es clave para ampliar el acceso a educación superior de los más desfavorecidos. El caso de Chile así lo muestra: gracias al aporte de instituciones diversas, desde el año 1990 la matrícula en educación superior casi se quintuplicó y la participación de alumnos de distinta procedencia socioeconómica se ha vuelto cada vez más balanceada. Mientras en 1990 apenas 6% de los alumnos en educación superior provenía del primer quintil de ingresos y 11% del segundo, en 2013 su participación creció hasta el 15% y el 20% de la matrícula total, respectivamente.

Así, vemos que autonomía, diversidad y masificación de la educación superior están íntimamente relacionadas. No obstante, el proyecto de ley que recientemente ingresó el Gobierno ignora esta correspondencia y revela una visión centralista basada en la desconfianza, al crear una extensa regulación y controles estatales para suplantar las decisiones que legítimamente le corresponden a las instituciones de educación superior en cada ámbito de su autonomía. Con ello se limita la diversidad en la provisión de educación superior y la posibilidad de adaptar la oferta a las necesidades de los jóvenes excluidos y a las exigencias del futuro. Más aún, dado que las atribuciones que se le arrebatan a las instituciones se entregan a su vez a organismos de evidente carácter político, la vulneración de la autonomía vendrá de la mano de un claro riesgo de politización del sistema de educación superior.

Columna de María Paz Arzola, invesitgadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en Pulso.-