CHRISTIAN ACUÑA: “EL PROYECTO QUE ENTREGA NUEVAS ATRIBUCIONES AL SERNAC HACE NULA REFERENCIA A ORGANIZACIONES SOCIALES Y CONSUMIDORES”

Si bien el experto destaca que el Sernac tenga más y mejores facultades de fiscalización no comparte el que se pretenda dotarlo de una facultad sancionatoria en desmedro de las atribuciones propias de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Como un proyecto que se aborda desde la óptica del fortalecimiento del Estado y que hace nula referencia a las organizaciones sociales y consumidores califica el abogado Christian Acuña Fernández, socio de ZT Partners y asesor de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la instancia que modifica el actual Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

- El proyecto de ley entregaría atribuciones al Sernac para fiscalizar, sancionar,  interpretar leyes, dictar normativa, patrocinar a consumidores y  oficiar de mediador en conflictos. ¿Considera usted que excede lo razonable en materia de concentración de atribuciones? ¿Dónde vislumbra los mayores riesgos?

- Resulta razonable pensar que el Sernac debiera tener más y mejores facultades de fiscalización y que, se encuentre habilitado para defender los intereses de los consumidores en juicio. Lo que no resulta del todo explicable es que se pretenda dotarlo de una facultad sancionatoria en desmedro de las atribuciones propias de los Tribunales Ordinarios de Justicia. Se ha sostenido que el procedimiento judicial era lento y complejo de seguir para los consumidores, pero, si ese era el diagnóstico, la solución era simplificar el procedimiento y dar mayores recursos a los tribunales. Por otra parte, la interpretación de leyes y la dictación de una normativa obligatoria no resulta propia de un funcionario administrativo cuya función natural es fiscalizar. Evidentemente, el sesgo de la normativa que se pueda dictar al amparo de esta facultad no será el adecuado.

Acuña hace hincapié en que otorgarle al Sernac la facultad mediadora no es una buena propuesta. "En la práctica, nadie se someterá a un proceso de mediación si sabe o sospecha que el llamado a llevar dicho procedimiento puede ser su contraparte en un par de semanas", explica.

- Este reemplazo, en parte, de las competencias de los Juzgados de Policía Local en su labor sancionatoria ¿En qué medida favorece al consumidor? ¿Afecta la posibilidad de acceder a un juicio justo por parte de los proveedores si no existe instancia de apelación?

- Evidentemente no siempre procesos más rápidos o simples contribuyen al establecimiento de criterios acertados. En este sentido, se extraña que el Ejecutivo haya propuesto eliminar el recurso jerárquico que permite cierta uniformidad de la denominada jurisprudencia administrativa y, asimismo, haya limitado la procedencia del recurso de apelación en materia indemnizatoria a causas cuya cuantía exceda de 25 UTM, estableciéndose un criterio económico para el ejercicio de los derechos, tanto de los consumidores como de los proveedores. Por otra parte, hay que tener presente que el procedimiento administrativo sancionatorio aprobado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados contempla una serie de normas que no resguardan debidamente el ejercicio del legítimo derecho de defensa de los proveedores. Así, plazos muy breves para presentar escritos, acompañar antecedentes y libre acceso a la información de las empresas son, entre otros, tópicos que debieran ser objeto de un estudio más detallado.

MULTAS QUE PUEDEN INDUCIR A QUIEBRAS

Otro de los cambios propuestos tiene que ver con las multas que se aplicarían. Éstas se elevan en algunos casos en hasta diez veces respecto de los montos actuales. Para Acuña, lo complejo de esto radica en que no se aprecia con claridad cuál fue el criterio que inspira los referidos incrementos. A esto se sumaría que el proyecto no establece una debida graduación de las multas ni se pronuncia sobre la aplicación de criterios que permitan calificar una determinada conducta dentro de una escala de mayor o menor gravedad.

El experto explica que, además, se parte de la base que si una infracción afecta a muchos consumidores, se encuentra frente a muchas infracciones, supuesto que no es correcto y que lleva a concluir que la multa individual se debe multiplicar por el número de consumidores afectados. Esto expone a las empresas a multas nunca vistas en nuestro ordenamiento jurídico y que resultan desproporcionadas en relación al bien jurídico que se pretende proteger, pudiendo originar multas que terminen en la quiebra de empresas.

- Originalmente el proyecto de ley consideraba la posibilidad que el Sernac dicte normas e instrucciones de carácter general; sin embargo, ha trascendido que el Ejecutivo estaría dispuesto a incorporar un consejo asesor que debería visar los cambios normativos propuestos. ¿Es esto garantía suficiente para evitar descoordinaciones como las vividas entre la SBIF y el Sernac en el pasado, por nombrar alguna?

- Efectivamente el Ejecutivo ha considerado en el Proyecto la figura de un Consejo Asesor el que, sin embargo, no ha sido dotado de la independencia y facultades que garanticen que el trabajo regulatorio se realizará desde la óptica de la generación de políticas públicas en materia de consumo y que se tendrá en consideración el debido diálogo regulatorio que garantice certeza jurídica a los distintos actores del mercado. En efecto, el Consejo propuesto es sólo un ente asesor cuya recomendación puede ser ignorada por el Director del Sernac, siendo este funcionario el verdadero detentador de la facultad normativa.

- En la legislación actual no existe la posibilidad de demandar por daño moral en el contexto de una demanda colectiva o difusa, en el entendido que es difícil acreditar un perjuicio preeminentemente individual. ¿Qué consecuencia podría tener su incorporación en esta nueva ley?

- El proyecto equivoca el camino al establecer la determinación del daño moral en el marco de un procedimiento colectivo. En efecto, podemos estar de acuerdo en que bajo nuestro sistema jurídico, todo daño debe ser indemnizado, pero para que la anterior regla opere, el daño debe ser probado. Si partimos de la base que el daño moral es una aflicción interior o personal ¿cuál es la base jurídica que permite sostener que el mismo debe ser determinado en el marco de un proceso colectivo? Por otra parte, seguir el criterio propuesto por el proyecto generará que la determinación del daño efectuado en el marco de un proceso colectivo no responderá a lo que efectivamente corresponde a los consumidores individualmente considerados. Habremos, por tanto, aprobado una norma que no propicia dar a cada uno lo suyo y que consagrará, en forma involuntaria la figura del enriquecimiento sin causa respecto de algunos consumidores. La solución a lo anterior es simple, una vez terminado el proceso colectivo y determinada la responsabilidad del proveedor, debe abrirse un tiempo en el que los consumidores puedan ejercer las acciones individuales que les corresponden en derecho para perseguir la indemnización del daño moral.

- Queda la sensación que las modificaciones al proyecto de ley apuntan a castigar el mal servicio y el abuso por parte de los proveedores privados ¿Tiene el Sernac alguna capacidad de proteger los derechos de los consumidores ante deficiencias del sector público?

- Evidentemente que las normas de este proyecto de ley deben aplicarse por igual tanto a las relaciones de consumo que se entablen con particulares como aquellas que se entablen con el sector público. Parece necesario detenerse en este análisis dado que la naturaleza de los cambios propuestos por el proyecto de ley, generará una alta demanda en materia de servicios públicos que deberá dimensionarse de manera adecuada si no se desea generar un sentimiento de frustración entre los consumidores.