Reproducimos la carta de María Paz Arzola, investigadora del programa Social de LyD, publicada en El Mercurio.

En sólo unos días, el oficialismo ha mostrado gran inconsistencia en materia educacional. En la tramitación de la Ley de Presupuestos 2015 se aprobó una indicación que trata de impedir que las familias chilenas puedan conocer el resultado del SIMCE de su propio colegio o de cualquier otro en el que estén interesadas.

Con esto, se busca evitar la comparación, pues motivaría una gran competencia y provocaría la estigmatización de escuelas con bajos puntajes. Según el Senador Montes, gestor de esta indicación, el SIMCE estaría siendo utilizado por los establecimientos educacionales como "instrumento publicitario”, lo que fortalecería la lógica de mercado que desde su sector quieren erradicar.

Pero simultáneamente, el Ministerio de Educación encargó un video promocional de la educación pública por $ 120.000.000, que tiene entre sus objetivos declarados, mostrar que el puntaje SIMCE de los establecimientos municipales, al controlar por nivel socioeconómico, no difiere significativamente del de los particulares subvencionados.

Se aplica entonces la lógica de mercado sólo cuando al Gobierno le conviene.

Mientras nuestras autoridades se preocupan de promocionar –y no mejorar- la educación municipal y de no estigmatizar a los colegios con malos resultados, abandonan a los alumnos que no están logrando los aprendizajes mínimos, quienes de todas formas se sentirán estigmatizados cuando se den cuenta de la brecha que mantienen con el resto, y que hoy el Gobierno les quiere ocultar.