Listo para ingresar al Congreso estaría el proyecto de ley que transforma al SERNAC en un organismo facultado para dictar normativa, fiscalizar y sancionar para la adecuada protección de los consumidores.

Para la Economista Senior de LyD, Susana Jiménez, plantear ese modelo de supervisión, sin garantizar cómo se superarán las falencias que ha demostrado tener, no constituye una solución real y adecuada al supuesto problema de “falta de atribuciones”. Entre otros problemas, pueden mencionarse el riesgo de carecer de objetividad al actuar como juez y parte; los escasos contrapesos a la hora de ejercer la facultad fiscalizadora; las insuficientes garantías procesales de estos procedimientos sancionatorios administrativos y facultades normativas que no van unidas a evaluaciones de impacto regulatorio, todo lo que se suma a la escasa posibilidad de impugnación de las normas emitidas.

En materia de procedimiento, el proyecto de ley reemplazaría la competencia de los Juzgados de Policía Local por el SERNAC para resolver conflictos en el ámbito del interés individual del consumidor, lo que probablemente no reditúa en una mayor eficiencia, pero sí en una menor imparcialidad. Además, prejuzgaría sobre la existencia de la infracción y el juez de letras solo tendría que determinar el monto de la indemnización.

"Igualmente, no parece conveniente introducir indemnizaciones que reparen el daño moral causado por una infracción al interés colectivo o difuso de los consumidores", señala la economista. Con ello la intención disuasiva puede terminar convertida en una barrera al emprendimiento y la actividad económica y además traducirse en alzas de precios de los productos y servicios ofrecidos al consumidor.

Existen, en cambio, una serie de medidas menos vistosas, pero más efectivas. Algunas estarían contempladas en el proyecto de ley, como fortalecer la autonomía técnica del SERNAC (con un nuevo proceso de nombramiento y remoción del Director, aunque sin establecer inhabilidades) y la regulación de las mediaciones colectivas.

Según Jiménez,  se debiera además avanzar en otras áreas, como facilitar los procesos de demanda individual ampliando convenios con la Corporación de Asistencia Judicial; agilizar los juicios colectivos, otorgando preferencia para la vista de los recursos de casación; y robustecer las Asociaciones de Consumidores, sin generar incentivos para el desarrollo de una industria del litigio.

"Sería clave también superar la falta de coordinación con otras agencias. Sería posible proponer un Consejo de Competencia y Consumidores al alero del Ministerio de Economía, integrado por el Director del SERNAC, el Fiscal Nacional Económico y los Superintendentes de mercados regulados, con atribuciones interpretativas y reglamentarias que, combinando el contacto con los consumidores y el conocimiento técnico de los mercados, pudiera armonizar la regulación sectorial con la protección del consumidor", agrega.

En síntesis, se puede y debe seguir avanzando en fortalecer al SERNAC para la efectiva defensa de los derechos de los consumidores, pero apuntando a un diseño institucional que prevenga de una excesiva discrecionalidad por parte de la autoridad. El proyecto de ley lamentablemente va en esta última dirección.