A continuación reproducimos la columna de Susana Jiménez, economista senior de LyD, publicada en El Mercurio:
La democracia es la mejor forma de organización hasta hoy conocida. Las decisiones son adoptadas por personas elegidas por el pueblo como sus representantes, y su desempeño es evaluado en cada proceso electoral. Estas bondades encuentran una piedra de toque: la dependencia de la aprobación popular, que provoca miopía a la hora de gobernar y legislar.
Casi por supervivencia, las autoridades priorizan las medidas cuyos efectos son inmediatos y atribuibles a su mandato. Las reformas de fondo, que involucran decisiones duras en el corto plazo, pero grandes beneficios futuros, son relegadas, por no redituar ganancia aprovechable. Churchill decía que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. ¡Estamos lejos de eso!
La política energética es un ejemplo. Se han botado proyectos, postergado decisiones, alimentado la desinformación y evitado la discusión de fondo, con la inevitable e inminente estrechez energética y alza de precios. Peor aún, seguimos esperando que otros resuelvan los problemas energéticos y hay sectores que incluso se niegan a debatir sobre hidroelectricidad de gran escala, termoelectricidad y energía nuclear, únicas alternativas reales para sostener el desarrollo.
La infraestructura es otro sector golpeado por la lógica cortoplacista. Se priorizan obras de rápida ejecución y se dejan pendientes proyectos importantes cuyos beneficios se perciben años más tarde (Vespucio Oriente es uno de ellos). Ni hablar de su falta en materia carcelaria, gran ausente del sistema de concesiones, que ha sido incapaz de hacerse cargo del problema de hacinamiento y sus consecuencias.
La educación es otra víctima. Por décadas ha faltado coraje para enfrentar la resistencia que significa un cambio radical al estatuto docente. Ello ha impedido reemplazar a malos profesores y traer a los mejores a las escuelas que los necesitan, profundizando la mala calidad de la educación pública.
En la minería, el drama es Codelco. Si no se ejecuta una cuantiosa cartera de proyectos —25 mil millones de dólares en el próximo quinquenio—, la empresa dejará de aportar al fisco lo que hoy representa 6% del gasto público (el promedio fue de 20% entre 2005 y 2009). No solo no se ha tenido la valentía de capitalizar Codelco con recursos privados, sino que nada se ha hecho para contener el alza de costos laborales que deriva de la mezcla de altos beneficios y baja productividad.
Parece que queremos acuñar un nuevo refrán: “No dejes para mañana… lo que puedes postergar indefinidamente”. El problema es que, más temprano que tarde, los perjuicios de las decisiones no tomadas se vuelven dolorosamente presentes.
