PrĂĄcticamente aprobada ya la ley de ReconstrucciĂłn Nacional, la reforma econĂłmica mĂĄs importante en mucho tiempo, el Gobierno del Presidente JosĂŠ Antonio Kast anunciĂł su agenda legislativa en materia de seguridad ciudadana. Apunta asĂ a basar, tempranamente, sus dos promesas fundamentales a la ciudadanĂa en las Ăşltimas elecciones presidenciales.
El Gobierno ha estimado necesario que esta agenda incluya una reforma constitucional para asegurar aquellas facultades que, en un primer examen, pudieran requerir el mĂĄs alto estĂĄndar de aprobaciĂłn en nuestro ordenamiento jurĂdico.
La reforma constitucional contiene cinco cuestiones. La primera es consagrar expresamente en la carta fundamental la seguridad pĂşblica como deber del Estado. Actualmente se hace alusiĂłn a la seguridad nacional, vale decir la defensa del Estado frente a agentes externos, pero no menciona explĂcitamente el resguardo interno frente a la delincuencia. La segunda es agregar la creaciĂłn de un nuevo estado de excepciĂłn constitucional para enfrentar graves alteraciones de seguridad pĂşblica causadas por organizaciones criminales o terroristas. AsĂ, el Presidente de la RepĂşblica podrĂa decretar la medida en barrios o territorios que sean capturados por organizaciones criminales. La tercera, relacionada con la anterior, habilita la creaciĂłn de un registro de organizaciones criminales o terroristas en la que el Estado (el Ejecutivo con control del Senado) podrĂĄ calificar a determinados grupos en base a criterios objetivos.
La cuarta materia objeto de reforma constitucional autorizarĂa regĂmenes carcelarios diferenciados para quienes lideren organizaciones criminales y terroristas, mientras la quinta facilita la incautaciĂłn y liquidaciĂłn de bienes que provengan del narcotrĂĄfico, el crimen organizado y el terrorismo.
Parece indiscutible que las reformas propuestas tienden a proteger mejor a la ciudadanĂa frente a la amenaza del narcotrĂĄfico y el terrorismo. Se actualiza asĂ el catĂĄlogo de derechos ciudadanos a la presencia de nuevos mĂŠtodos tecnolĂłgicos y organizacionales. La tramitaciĂłn legislativa debiera perfeccionar estos textos, que presumimos concitan una amplia mayorĂa en la poblaciĂłn y debieran llevar a buen puerto las modificaciones a la ConstituciĂłn. Si la oposiciĂłn se empecina, en un afĂĄn obstruccionista, en votar en contra de la reforma constitucional debe saber que lo harĂĄ desoyendo la opiniĂłn de la mayorĂa sobre el problema que es la primera prioridad de los chilenos: la seguridad.
Un tema que antes ha sido discutido es la presencia de militares en funciones de apoyo a las policĂas, pero las explicaciones que ha entregado el ministro de Seguridad PĂşblica, MartĂn Arrau, en el sentido que esas funciones serĂan limitadas y acotadas en tiempo y espacio, parecen despejar la mayorĂa de esas aprensiones.
Pero la agenda, denominada con el acrĂłnimo ACOT, no se remite a cambios constitucionales. El despliegue en el Congreso del ministro Arrau ha sido impresionante. Un importante nĂşmero de leyes, algunas ya en tramitaciĂłn y otras que serĂĄn presentadas en los prĂłximos dĂas y semanas, son parte fundamental de los cambios necesarios para mejorar la seguridad pĂşblica en nuestro paĂs. Entre las iniciativas en trĂĄmite, que son muchas, destacan la ley que mejora las remuneraciones en Carabineros de Chile y aumenta su dotaciĂłn; el fortalecimiento de la ley NaĂn-Retamal, que entre otras cosas extiende la legĂtima defensa privilegiada a funcionarios de franco y agrava las penas a quienes actĂşan encapuchados y ha sido calificada con urgencia; las que enfrentan la migraciĂłn ilegal ampliando el plazo de retenciĂłn para quienes deben ser expulsados y creando un delito de trĂĄfico de migrantes; y muy especialmente las leyes que regulan las reglas de uso de la fuerza (RUF) de policĂas y control de identidad por militares que intervengan en el mantenimiento del orden durante estados de excepciĂłn. Trece proyectos tienen suma urgencia, tres, discusiĂłn inmediata y tres, urgencia simple.
Otro nĂşmero importante de leyes aĂşn no han ingresado al Congreso y lo harĂĄn pronto. Entre ellas vale la pena destacar la que modifica la ley anti-barricadas eliminando el requisito de violencia; la que habilita a las policĂas a operar autĂłnomamente en la zona primaria fronteriza sin requerir autorizaciĂłn de Aduanas; la ley orgĂĄnica de GendarmerĂa, que harĂa depender ese servicio del ministerio de Seguridad PĂşblica considerando que es un elemento clave de la lucha contra el crimen; y la modificaciĂłn de la PDI, incluyendo mejoras salariales.
En fin, la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo es una robusta polĂtica pĂşblica, que recoge iniciativas planteadas en distintos momentos del tiempo por varios gobiernos y parlamentarios. Su aprobaciĂłn, que el Gobierno espera sea este aĂąo, debiera mejorar significativamente la situaciĂłn de orden y seguridad pĂşblica en nuestro paĂs.
Columna de Luis LarraĂn, Presidente del Consejo, publicada en El LĂbero.-
