Prácticamente aprobada ya la ley de Reconstrucción Nacional, la reforma económica más importante en mucho tiempo, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció su agenda legislativa en materia de seguridad ciudadana. Apunta así a basar, tempranamente, sus dos promesas fundamentales a la ciudadanía en las últimas elecciones presidenciales.
El Gobierno ha estimado necesario que esta agenda incluya una reforma constitucional para asegurar aquellas facultades que, en un primer examen, pudieran requerir el más alto estándar de aprobación en nuestro ordenamiento jurídico.
La reforma constitucional contiene cinco cuestiones. La primera es consagrar expresamente en la carta fundamental la seguridad pública como deber del Estado. Actualmente se hace alusión a la seguridad nacional, vale decir la defensa del Estado frente a agentes externos, pero no menciona explícitamente el resguardo interno frente a la delincuencia. La segunda es agregar la creación de un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas. Así, el Presidente de la República podría decretar la medida en barrios o territorios que sean capturados por organizaciones criminales. La tercera, relacionada con la anterior, habilita la creación de un registro de organizaciones criminales o terroristas en la que el Estado (el Ejecutivo con control del Senado) podrá calificar a determinados grupos en base a criterios objetivos.
La cuarta materia objeto de reforma constitucional autorizaría regímenes carcelarios diferenciados para quienes lideren organizaciones criminales y terroristas, mientras la quinta facilita la incautación y liquidación de bienes que provengan del narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
Parece indiscutible que las reformas propuestas tienden a proteger mejor a la ciudadanía frente a la amenaza del narcotráfico y el terrorismo. Se actualiza así el catálogo de derechos ciudadanos a la presencia de nuevos métodos tecnológicos y organizacionales. La tramitación legislativa debiera perfeccionar estos textos, que presumimos concitan una amplia mayoría en la población y debieran llevar a buen puerto las modificaciones a la Constitución. Si la oposición se empecina, en un afán obstruccionista, en votar en contra de la reforma constitucional debe saber que lo hará desoyendo la opinión de la mayoría sobre el problema que es la primera prioridad de los chilenos: la seguridad.
Un tema que antes ha sido discutido es la presencia de militares en funciones de apoyo a las policías, pero las explicaciones que ha entregado el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en el sentido que esas funciones serían limitadas y acotadas en tiempo y espacio, parecen despejar la mayoría de esas aprensiones.
Pero la agenda, denominada con el acrónimo ACOT, no se remite a cambios constitucionales. El despliegue en el Congreso del ministro Arrau ha sido impresionante. Un importante número de leyes, algunas ya en tramitación y otras que serán presentadas en los próximos días y semanas, son parte fundamental de los cambios necesarios para mejorar la seguridad pública en nuestro país. Entre las iniciativas en trámite, que son muchas, destacan la ley que mejora las remuneraciones en Carabineros de Chile y aumenta su dotación; el fortalecimiento de la ley Naín-Retamal, que entre otras cosas extiende la legítima defensa privilegiada a funcionarios de franco y agrava las penas a quienes actúan encapuchados y ha sido calificada con urgencia; las que enfrentan la migración ilegal ampliando el plazo de retención para quienes deben ser expulsados y creando un delito de tráfico de migrantes; y muy especialmente las leyes que regulan las reglas de uso de la fuerza (RUF) de policías y control de identidad por militares que intervengan en el mantenimiento del orden durante estados de excepción. Trece proyectos tienen suma urgencia, tres, discusión inmediata y tres, urgencia simple.
Otro número importante de leyes aún no han ingresado al Congreso y lo harán pronto. Entre ellas vale la pena destacar la que modifica la ley anti-barricadas eliminando el requisito de violencia; la que habilita a las policías a operar autónomamente en la zona primaria fronteriza sin requerir autorización de Aduanas; la ley orgánica de Gendarmería, que haría depender ese servicio del ministerio de Seguridad Pública considerando que es un elemento clave de la lucha contra el crimen; y la modificación de la PDI, incluyendo mejoras salariales.
En fin, la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo es una robusta política pública, que recoge iniciativas planteadas en distintos momentos del tiempo por varios gobiernos y parlamentarios. Su aprobación, que el Gobierno espera sea este año, debiera mejorar significativamente la situación de orden y seguridad pública en nuestro país.
Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Líbero.-
