Tras la aprobación de la Ley de Reconstrucción, Chile, por primera vez en décadas, disminuyó sus impuestos corporativos. Esa misma ley dio pasos relevantes —aunque todavía insuficientes— para disminuir la incerteza jurídica que perjudica la inversión. Lo aprobado debería traducirse en mayor dinamismo económico y empleos. Eso, siempre y cuando no haya otras medidas que, paralelamente, ahuyenten a los inversionistas. Ese es el riesgo de la idea del gobierno de crear un sistema de evaluación de la inversión extranjera (screening) para autorizar, condicionar o impedir proyectos en Chile.
Es cierto que muchos países tienen este tipo de mecanismos, pero también es verdad que ellos nacieron para proteger a las industrias locales en los ’70. Aunque los sistemas de screening han ido migrando su enfoque hacia temas de seguridad nacional, todavía mantienen herramientas que apuntan a la “seguridad económica”. Por ejemplo, Canadá analiza si las inversiones son compatibles con sus “políticas industriales, económicas y culturales”. Es evidente que en esa definición cabe cualquier cosa, por lo que se abre una peligrosa puerta a la arbitrariedad y la corrupción del organismo a cargo.
Ahí aparece un segundo problema: ¿Bajo qué criterio se define que una inversión afecta la seguridad nacional? ¿Quién decide? En países como Nueva Zelanda es el ministro de Finanzas con la asesoría de una oficina técnica. En Chile ¿quién será? ¿El ministro de Seguridad? ¿El Canciller? ¿Hacienda? ¿Cuán predecible es un sistema donde deciden actores políticos?
Un tercer riesgo es agregar una capa más a la ya vasta permisología. Australia tardó décadas en eliminar la duplicación entre su organismo de screening y la autoridad de libre competencia: recién este año el informe de esta última basta para el screening.
Obviamente nada de esto promueve la inversión. Tampoco lo hace la posibilidad de que la autoridad pueda forzar desinversiones años después de aprobado el proyecto como sucede en todos los países mencionados, o que las exigencias para invertir abarquen desde la ubicación de los proyectos, hasta la obligación de contratar mano de obra y directores locales.
No se trata de ser ingenuo, menos con empresas controladas por Estados extranjeros vinculadas a industrias sensibles. Pero esos son casos acotados. En ese sentido, evaluarlas exclusivamente cuando tengan impacto sobre la seguridad nacional (definida de manera estricta) es analizable. Lo que no parece sensato es que cualquier inversión extranjera deba someterse a más burocracia.
Desde 1990, Chile ha tenido un flujo promedio de inversión extranjera, como porcentaje del PIB, 2,35 veces mayor que los países de altos ingresos que suelen tener sistemas de screening. Como dependemos más de la inversión internacional, evitemos ponerle barreras.
Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-
