Mucho se ha discutido sobre el recorte a los recursos destinados al sector salud. Sin embargo, el 2,4% de recorte para este año palidece ante el alza de 400% por sobre la inflación que ha tenido el gasto público en salud en los últimos 20 años. Actualmente, el gasto total de Chile en salud es de 10,5% del PIB, mayor al promedio de países de la OCDE (9,3%). Así, el problema no es el volumen de los recursos, sino la gestión, ya que, pese al mayor financiamiento, la productividad hospitalaria ha caído en las últimas décadas (Unab, 2024).
En este contexto, la ministra de Salud, May Chomali, ha puesto el foco en el lugar correcto: se requiere que el sistema sea más eficiente y más productivo. De lo contrario, es como echar monedas a un bolsillo roto. El problema es que no tendremos siempre a una ministra cuya prioridad sea mejorar la gestión en la salud estatal. Por ello, los cambios deben trascender autoridades y gobiernos. De otro modo, este ímpetu por mejorar la gestión puede ser solo un paréntesis.
En ese sentido, se echan de menos medidas más de fondo. Algunas de ellas son legislativas, como mejorar la institucionalidad de Fonasa —para que realmente vele por sus beneficiarios— y generar mayor flexibilidad para la gestión del personal médico al interior de los hospitales del Estado. Es cierto que estas medidas son de compleja tramitación en el Congreso, siendo posible que el gobierno, anticipándose a ello, prefiera buscar caminos donde tenga más probabilidad de éxito.
Dentro de esos caminos, una alternativa es fortalecer la asociación público-privada. La encuesta CASEN 2024 muestra que el 43% de las consultas de especialidad de los usuarios de Fonasa se realizan en el sector privado, al igual que un 27% de las intervenciones quirúrgicas, pese a los altos copagos que estas últimas implican. Esta realidad es transversal: incluso los hogares más vulnerables recurren a prestadores privados ante la imposibilidad de atenderse oportunamente en la salud estatal. Sin embargo, es necesario ir más allá. Por ejemplo, promoviendo iniciativas como las más de 70 asociaciones público-privadas que operan en prácticamente todos los servicios de salud del país. En ellas, vía convenios, se externalizan desde servicios específicos (operaciones de cataratas) hasta la gestión de un consultorio o un hospital a entidades privadas, religiosas e incluso a comunidades mapuches, en comunas tan diversas como La Pintana, Puerto Montt y Padre Las Casas.
La resistencia política a un ajuste acotado del presupuesto del Minsal es una muestra de lo difícil que será cambiar los incentivos y la inamovilidad con los que trabajan los funcionarios de la salud estatal. Potenciar la participación de privados vía concesiones de gestión parece un camino más promisorio para avanzar en una salud más oportuna.
Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-
