El sinceramiento de los precios de los combustibles, pese a los reparos que merece la comunicación del problema y sus soluciones, fue una medida políticamente decisiva. Esa orientación hacia precios que reflejen la realidad es fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Pero, además, da cuenta de la disposición del Gobierno a hacer aquello que estima correcto, con independencia de lo que digan las encuestas. Que La Moneda vuelva a tener vocación de formar opinión pública, antes que de seguir sondeos de opinión, refleja un compromiso con la responsabilidad que, esperemos, se mantenga.

Los mercados operan sobre la base de información y expectativas, porque toda decisión económica entraña riesgo. Una empresa que ofrece bienes o servicios realiza, en el fondo, una apuesta respecto de la demanda futura. Para tener éxito necesita información y, allí donde esta no existe o es incompleta, recurre a expectativas: juicios construidos a partir de antecedentes disponibles y experiencias comparables. En ese contexto, los precios cumplen una función insustituible: condensan información.

Cuando se forman libremente, transmiten señales sobre escasez, costos y preferencias; cuando se los distorsiona artificialmente, esas señales se alteran. Por eso es tan importante que se determinen con libertad: solo así los actores pueden adoptar decisiones consistentes con los riesgos que voluntariamente asumen. Y solo bajo esa premisa los resultados pueden atribuirse a quienes decidieron. En ello reside una parte esencial de la justificación moral del libre mercado.

¿Por qué es relevante el sinceramiento de los precios de los combustibles? Porque el MEPCO, como política de larga data, había pasado a formar parte de la información con la que operaban los agentes económicos. Las alzas y bajas eran amortiguadas, evitando variaciones bruscas en el precio final. Sin embargo, la estrechez fiscal obligó a optar: mantener ese mecanismo o reasignar recursos hacia otras prioridades. El Gobierno entendió que el MEPCO, en cuanto intervención sobre el precio final, es una herramienta ineficiente por su carácter universal. Termina beneficiando más, en términos absolutos, a los quintiles de mayores ingresos, sin focalizar adecuadamente los beneficios ni redirigir su costo hacia políticas de mayor impacto.

Así, el Ejecutivo optó por asumir el costo de traspasar un alza significativa, pero acompañándola de medidas focalizadas. Si, como ha dicho el propio Gobierno, atravesamos tiempos difíciles, el mercado debe internalizar una señal elemental: durante los próximos meses, el precio de los combustibles en Chile se moverá en un sentido parecido al de los mercados internacionales.

La decisión del Gobierno, sin embargo, parece contraintuitiva para el sentido común político predominante, que abogaba por mantener el mecanismo o diferir las alzas. Nuestra política, dominada por el cortoplacismo, rara vez opta por soluciones difíciles, incluso cuando aparezcan como las más responsables.

A poco andar de la revolución de octubre de 2019, los componentes de la cuenta de la electricidad fueron congelados —o “estabilizados”, en los términos de la ley respectiva—. Como rara vez conocemos el futuro, los mecanismos ideados en 2019 y 2022 no resistieron el contraste con la realidad: las variaciones en el precio del dólar y de los combustibles terminaron trasladando a los clientes regulados una deuda que superó los US$6.000 millones, incluidos sus intereses.

El descongelamiento de los precios, ocurrido entre 2024 y 2025, fue un proceso políticamente traumático, forzado además por la crisis financiera que se incubaba en todos los segmentos de la industria eléctrica. Visto en perspectiva, los mecanismos de congelamiento permitieron postergar el problema, pero no evitarlo.

Hace algunos días se anunció que un alza en las cuentas de la electricidad, prevista para regir el 1 de abril, se postergaría hasta julio. Se trata de una deuda que ronda los US$732 millones y cuya causa radica en la demora de los gobiernos de Piñera y Boric en el proceso tarifario 2020-2024 del segmento de distribución eléctrica. Si bien parece razonable haber diferido el alza, asumiendo el costo financiero de esos meses adicionales de retraso, es de esperar que el Gobierno mantenga ese criterio, especialmente porque en julio de este año y en enero del próximo las cuentas reflejarán las variaciones en los precios de los combustibles.

Ya comienza a abrirse paso la idea de nuevos mecanismos financieros para amortiguar las alzas. Conviene, sin embargo, no olvidar la lección reciente: cuando se intervienen los precios para evitar un costo presente, normalmente lo único que se consigue es trasladarlo, agrandado, hacia el futuro.

Frente a este escenario de alzas en la electricidad, el Gobierno debiera mantener la verdad como principio económico: comprender los efectos de las variaciones de precios, identificar a los grupos afectados y distinguir, dentro de ellos, a quienes realmente requieren ayudas focalizadas. Esa es una de las señales más necesarias para el mercado: que la acción del Estado vuelva al cauce de la seriedad.

Columna de Juan Ignacio Gómez, Coordinador Congreso Nacional, publicada en Ex-Ante.-