El 47% de los actuales parlamentarios no seguirán en el Congreso. Eso implica que tienen diciembre, enero y hasta la primera semana de marzo de 2026 para tramitar leyes que mejoren la calidad de vida de las personas o permitan contar con más recursos para lograrlo. Muchas de las iniciativas que logran esos objetivos implican ir contra grupos de interés, lo que explica que no hayan avanzado. Pero, ahora que su reelección no está en juego, bien harían en votar por lo que es correcto y no por lo que pueda parecer popular. También en aprobar cosas poco atractivas, pero útiles. Incluso, en redirigir discusiones hacia objetivos más acotados, pero realizables.
Lo más evidente es evitar que se sigan produciendo los abusos con licencias médicas que denunció la Contraloría. Desde julio hay un proyecto de ley en el Senado —imperfecto, pero un gran avance— que inexplicablemente no ha avanzado en su tramitación. En medio de una transversal coincidencia de la necesidad de mejorar el gasto público, esta es una herramienta que permitiría administrar mejor los $2,8 billones que se gastaron por este concepto en 2023 (último dato disponible).
Una institución que se dedique a estudiar la eficacia del gasto público no parece el legado más sexy de un parlamentario, pero puede hacer la diferencia en cómo asignamos los siempre escasos recursos fiscales. En ese sentido, la Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas, otro proyecto que requiere ajustes, pero que está bien orientado, ayudaría a terminar con programas que no cumplen sus objetivos o cuyos fines ya no son prioritarios.
Entre los proyectos que requieren cambios más profundos está el de Sala Cuna Universal. Mucho se ha discutido sobre el impacto en trabajo formal de la nueva cotización, pero poco se ha reflexionado sobre el mayor costo que significa la obligación de la empresa de financiar la diferencia entre lo que pondría el Estado y el costo efectivo que pagan las familias. Se han propuesto alternativas: un subsidio diferenciado, que permita eliminar el copago para los más vulnerables y que sea decreciente para los hogares de mayores recursos, sería un mejor camino para evitar el impacto en el empleo y para focalizar el gasto público.
Finalmente, los 97 parlamentarios que dejarán el Congreso no deben dejarse seducir por los cantos de sirena del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior (FES). La Moneda puso todas sus fichas en aprobar un proyecto de ley desfinanciado y que solo se sostiene por medidas anexas, por ejemplo, posponer la ampliación de la gratuidad, que se pueden considerar sin necesidad de aprobar el FES. Por eso parece más viable acordar un paquete de mejoras a las condiciones del CAE y que, tal como se hizo en 2012, considere reprogramaciones para los deudores morosos.
Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-
