A tres meses y medio del plebiscito del 17 de diciembre en que los votantes deberán votar A Favor o En Contra del proyecto de nueva Constitución, cuyo contenido definitivo aún no se conoce, los datos comienzan a perfilar una elección muy peculiar.

El proceso está en una etapa crucial de la definición de los contenidos del proyecto y esta semana las comisiones debieran terminar de votar los artículos, que comenzarán a discutirse en el Pleno a partir de la próxima semana. El 7 de octubre, el Pleno tendrá un primer texto completo aprobado, que deberá ser revisado por la Comisión Experta.

Dos tendencias se han dado en relación a los contenidos aprobados. Por una parte, la mayoría del Consejo ejercida por Republicanos, ha intentado a través de enmiendas incluir en el texto contenidos que no estaban contemplados en el proyecto de la Comisión Experta y que se consideran suficientemente importantes para el país como para tener jerarquía constitucional. Es el caso, entre otros, de la prohibición de indultar a terroristas, la creación de la Defensoría de Víctimas y la disposición que contempla la expulsión del país en breve plazo de extranjeros que sean sorprendidos ingresando clandestinamente al país.

La segunda tendencia discurre en una dirección diversa y consiste en el retiro o modificación de algunas enmiendas que, pese a ser muy apreciadas por los simpatizantes de Republicanos, fueron consideradas por sus consejeros Constitucionales de muy difícil aceptación por grupos importantes de la población chilena. Es el caso del quórum de dos tercios para modificar la nueva Constitución; la protección a la vida del que está por nacer en términos que harían inconstitucional la ley de aborto en tres causales; la supremacía de la Constitución por sobre los tratados internacionales de derechos humanos (tema en que se busca una solución consensuada); y el beneficio de arresto domiciliario para personas mayores de 75 años condenadas a penas de cárcel. Con ello se desmiente la idea que en este proceso Republicanos impondría en todos los temas sus posiciones, repitiendo así el error que se produjo en la Convención y contribuyó al triunfo del Rechazo. En aquella ocasión, menos del 1% de las votaciones en el pleno fueron unánimes. En la primera semana de votaciones del Consejo Constitucional actual, un 36% de las votaciones han sido unánimes.

El día de ayer, sin embargo, la izquierda trancó la negociación e incluso algunos consejeros propusieron que se retiraran todas las enmiendas presentadas. Difícil ha sido acercar posiciones en temas de alto interés para los políticos como el sistema electoral, el tamaño del Congreso y el redistritaje, donde el oficialismo se opone a iniciativas que disminuyan la fragmentación. Éste será uno de los nudos difíciles de desatar, pues tener una nueva Constitución que no ataque ese problema parece un sinsentido. También están en discusión la libertad de elección en salud y materias sindicales como el ámbito del derecho a huelga. Esperemos que prime la razón y prevalezca la democracia donde se intenta llegar a acuerdos y luego se someten las propuestas a votación.

Paralelamente, distintas encuestas de opinión marcan, en principio, una clara ventaja de la opción “En contra” por sobre la del voto “A favor”. Si bien Cadem mostró una disminución de la brecha en la última semana, la diferencia a favor del “En Contra” es todavía muy significativa. En el caso de la encuesta Panel Ciudadano de la UDD también hay una marcada ventaja para la opción “En contra”. Dada su metodología, este último estudio es capaz de mostrar la evolución de las opiniones de sus encuestados y definir con precisión los perfiles de los distintos grupos de votantes.

El perfil de los que votarían “A favor” es bastante homogéneo en cuanto a su nivel socioeconómico (ABC1 C2), son informados y tienen alto interés en la política y reconocen posiciones de centro, centroderecha o centroizquierda. Son menores de 30 años o mayores de 60 y puede presumirse que valoran la estabilidad que podría traer un cierre del proceso constitucional. Hay que decir que una parte importante de los dirigentes políticos y de las élites empresariales concuerdan con las preferencias de este grupo.

El perfil de votantes que declaran su preferencia por votar “En contra”, en cambio, es de dos polos opuestos que tienen en común que no quieren un nuevo texto constitucional, aunque por razones muy distintas. Tienen mayoritariamente entre 40 y 50 años, su nivel socioeconómico es C2-C3, son medianamente informados y sostienen una marcada posición de derecha, o bien de izquierda. Se muestran en principio poco dispuestos a cambiar su voto, aún ante propuestas específicas de su agrado. Puede especularse que este grupo siente hastío por el proceso y se siente engañado por éste y sus promesas no cumplidas.

Este panorama puede variar en la medida que se vaya conociendo el texto y se perciba que una nueva Constitución será capaz de dejar atrás este período de alta conflictividad que hemos vivido, o bien que las nuevas disposiciones que ella contenga atiendan a cuestiones fundamentales para la mayoría de los chilenos.

Cabe señalar que en la predisposición mayoritaria a votar “En contra” puede percibirse el alto rechazo a los políticos que todas las encuestas reflejan desde hace tiempo. Esto entrega pistas para la forma de conducir una campaña eficaz: más que manitos tomadas entre políticos, necesitamos alta presencia ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil en el apoyo a una nueva Constitución si queremos que ésta se vote “A favor”.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Líbero.-