La nueva generación de políticos que se ha instalado en el Estado durante el gobierno de Gabriel Boric ha fracasado en lo político, en lo económico y ahora agrega una derrota moral. En efecto, el episodio de una pandilla de militantes de Revolución Democrática que se hizo del ministerio de Vivienda de la región de Antofagasta para extraer dinero del Estado y repartirlo a Fundaciones manejadas por ellos mismos que destinan los recursos a financiar actividades políticas y mantener a sus amigos, dejando sólo migajas para quienes se supone eran los beneficiarios de los programas adjudicados, revela la catadura moral de muchos de los jóvenes que pueblan ahora nuestra administración pública.

Recordemos que, en palabras de su fundador, Giorgio Jackson, su escala de valores y principios dista de la generación anterior. Esas expresiones se desmoronan hoy día y causan la ira de quienes los han acompañado en su asalto al poder, y que en su oportunidad se sintieron menoscabados por estos alardes de superioridad moral y ahora se ven, además, perjudicados políticamente al quedar en evidencia su falta de diligencia para controlar los afanes de estos jóvenes rapaces que ven al Estado como un botín. Nadie más representativo de los traicionados que Carlos Montes, viejo político que desde distintas posiciones ha servido al país y hoy día enfrenta un problema que excede con mucho a los muchachos de Antofagasta. Quienes como Montes estuvieron dispuestos a seguir a los jóvenes moralmente superiores, hasta el límite de apoyar una constitución antidemocrática, deben estar en un proceso de reflexión.

Claro, porque ya en Maule y en Los Lagos han aparecido indicios de que este modus operandi funciona en distintos lugares del país. Se repiten elementos que parecen diseñados especialmente para defraudar: parcializar los pagos para quedar bajo el monto que exige una autorización superior o la intervención de Contraloría; adjudicaciones por trato directo y no por concurso público, evitando así que la sana competencia conduzca a precios de mercado (lo que les permite abultar los montos de los contratos); adjudicaciones a fundaciones sin experiencia, creadas hace poco por correligionarios que en algunos casos ni siquiera tienen el giro autorizado para realizar ese tipo de labores; vista gorda frente a la no publicación en la web de las fundaciones de las transacciones recibidas, lo que obligaría al mandante a paralizar cualquier pago futuro. Pero todas las reglas se han transgredido, o burlado o amañado, como la obligatoriedad de concursos públicos excepto que una ley lo señale (y esa ley es una glosa oculta en la inmensidad de la ley de presupuestos).

Millonarias cantidades de dinero fraudulentamente desviadas a la política, engañando a los supuestos beneficiarios, y de paso salpicando a fundaciones con trayectoria en el trabajo social que hacen una tarea honesta y a muchas pymes que son proveedores del Estado y que sufren el rigor de regulaciones excesivas, boletas de garantía difíciles de obtener y que ven con indignación que estos seres de luz superiores moralmente se llenan los bolsillos de dinero a expensas de ellos. La tradición de los registros de contratistas, profusamente utilizada por el MOP, pero también por el Serviu del Ministerio de Vivienda, que han prestigiado a nuestra contratación pública, se ve burlada por la nueva moral. Según se ha informado en T13, las compras por trato directo habrían pasado de un 16% a un 46% en el Minvu, un dato que el ministro Montes debiera explicar. Si es un cambio de política deliberado es una invitación a la corrupción. Si no lo es y el ministro ha sido sorprendido por máquinas como la de Antofagasta, entonces no sabe lo que pasa en su ministerio.

El Estado ha aumentado sus presupuestos sistemáticamente. En los últimos diez años nueve reformas tributarias han subido los impuestos, en el último año 94 mil personas han engrosado la administración pública. Poco de eso parece haber redundado en beneficios para los ciudadanos, que se quejan de deficientes servicios del Estado. La economía en cambio, producto de malas políticas públicas, se encuentra estancada. Pareciera que el ogro filantrópico sólo alimenta a correligionarios y amigos.

Demás está decir que las instituciones se ponen aquí a prueba. Ad portas de la decisión sobre una nueva Constitución, el Ministerio Público y el Poder Judicial estarán en vitrina y el Legislativo tendrá tareas. Hay muchas regulaciones que ajustar, protocolos que mejorar y delitos que perseguir. Es una oportunidad para estrenar en el futuro una fiscalización que funcione, en lugar de acumular en las leyes obligaciones que nadie controla.

Y en lo político, en la línea de lo que señalábamos al inicio de esta columna, la aventura de los jóvenes que nos gobiernan contempla de cerca el fracaso. Los alcances y dimensiones del fraude al fisco y a los chilenos en estas operaciones aún no se conocen. ¿Qué consecuencias tendrán? Pepe Auth, ha señalado que Boric no sale de esta. Ocurra ello o no, es la oportunidad para que todos los políticos entiendan que la administración del Estado no es una parcela de agrado para ellos, sus parientes y amigos y que esas conductas serán severamente castigadas. Para que se perciba la urgencia de transformación del Estado, con un servicio civil fuera del alcance de los políticos y dedicado a servir a los chilenos, especialmente a los más vulnerables. Aquí no debe temblar la mano ni faltar la inteligencia.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Líbero.-