Además de los lamentables incendios y la mala idea -atajada por la ministra Tohá- de un nuevo royalty, hubo varias noticias económicas durante el verano.

En enero se anunció que el valor del transporte público se mantendrá congelado, pese a que el Panel de Expertos había sugerido aumentar en $40 el valor del pasaje, un alza de 5,7% en horario punta. Dicho precio no ha variado en 4 años, a pesar que el IPC, uno de los componentes del polinomio tarifario, ha subido en un 29% en el mismo periodo.

Por otro lado, en Francia masivas manifestaciones -para el 7 está convocado un paro nacional— se oponen al aumento de la edad de jubilación (de 62 a 64 años, aún lejos de la de sus vecinos que transitan hacia los 67) y mayores requisitos para obtener una pensión estatal. Ambas medidas buscan hacer sostenible el sistema de reparto francés.

Dos ejemplos que demuestran que “ajustar parámetros” es un juego de economía política de alto riesgo. Sin embargo, y pese a los esfuerzos por acotarlos, la reforma de pensiones del presidente Boric parece hacerse trampa en el solitario.

El proyecto de ley establece que, ante problemas de sostenibilidad del Fondo Integrado de Pensiones, La Moneda tendrá cuatro meses para presentar una ley “para introducir las modificaciones necesarias para reestablecer la sustentabilidad del fondo”. Es decir, subir la edad de jubilación, las cotizaciones o disminuir los beneficios que considera la reforma. Como se ve, medidas extremadamente difíciles de aprobar. La reforma se pone en ese escenario y establece que, si no se envía dicha ley de ajuste o si ella no se aprueba, los beneficios “disminuirán proporcionalmente para cada persona”. Suena bien, pero la realidad es más compleja de lo que se establece en el Congreso.

España tuvo que abolir, en 2019, su sistema de reajuste de pensiones por impopular. Suecia tuvo que bajar sus pensiones debido a la crisis financiera de 2008, pero para disminuir el impacto en los jubilados también les bajó sus impuestos, traspasando el déficit al fisco. Italia viene desde 2005 posponiendo el compromiso de ajustar sus beneficios a la expectativa de vida.

El sistema de pensiones chileno tiene sus propias dificultades para ajustar sus parámetros: Llevamos décadas discutiendo cómo subir la baja tasa de ahorro. Si hubiéramos actuado a tiempo, este no sería hoy un tema prioritario. Sin embargo, el nivel del problema es sustancialmente menor ya que, a diferencia del reparto europeo, en Chile los fondos están siempre disponibles gracias a la capitalización individual.

Así como el gobierno ha sido pragmático en otras áreas de su gestión, es importante que reconozca las dificultades que considera su propuesta previsional. Aún estamos a tiempo de evitar el riesgo que un sistema nocional implicaría para la disciplina fiscal y para los afiliados.

Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de LyD, columna publicada en La Segunda.-